La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, está llevando a cabo audiencias cruciales para determinar las obligaciones legales de los estados en la lucha contra el cambio climático. Este proceso, de dos semanas de duración, incluye testimonios de más de 100 países y organizaciones que buscan establecer parámetros legales claros sobre el tema.
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Estados Unidos, representado por Margaret Taylor, asesora legal del Departamento de Estado, argumentó contra la imposición de nuevas obligaciones legales más allá de los tratados existentes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y el Acuerdo de París de 2015. Taylor afirmó que estos documentos ya representan el consenso internacional más completo y actualizado sobre el cambio climático.
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La postura de EE. UU. ha sido recibida con críticas por parte de los activistas climáticos. Vishal Prasad, director de Pacific Islands Students Fighting Climate Change, mencionó que Estados Unidos está tratando de evadir sus responsabilidades a pesar de ser uno de los mayores contaminadores del planeta.
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Otros países con grandes economías basadas en combustibles fósiles, como Australia, China y Arabia Saudita, también han mostrado su oposición a aumentar las responsabilidades legales que los países en desarrollo buscan establecer. Estas naciones argumentan que ya cumplen con las obligaciones estipuladas en los acuerdos internacionales vigentes.
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Vanuatu, uno de los países más vulnerables al cambio climático y líder en la petición de apoyo financiero justo y compensación por daños, expresó su decepción. Ralph Regenvanu, enviado especial de Vanuatu para el cambio climático, criticó que los tratados actuales no han llevado a reducciones significativas en las emisiones globales.
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Las opiniones consultivas de la CIJ, aunque no son legalmente vinculantes, tienen un peso considerable tanto legal como político. Se anticipa que estos dictámenes serán fundamentales en futuras litigaciones climáticas y en las próximas rondas de negociaciones internacionales sobre el clima.
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La CIJ no es el único tribunal internacional abordando la crisis climática. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) también ha emitido una opinión consultiva estableciendo que los gases de efecto invernadero son contaminantes y que los estados tienen una responsabilidad legal de controlarlos, superando incluso los compromisos del UNFCCC.
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La participación de tres tribunales internacionales en este tema subraya la creciente importancia de la acción climática en el derecho internacional. Las decisiones de estos tribunales proporcionarán marcos de referencia cruciales mientras el mundo lucha por adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, especialmente en las regiones más afectadas.
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En su intervención, Taylor descartó la posibilidad de que la CIJ sugeriera que los países emisores históricos fueran responsables de la contaminación pasada, y sostuvo que el proceso consultivo no es adecuado para litigar sobre violaciones anteriores a las obligaciones sobre cambio climático. Esto se alinea con la filosofía de otros grandes emisores que buscan evitar la retroactividad en este tipo de responsabilidades.
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Las resoluciones y opiniones consultivas que emerjan de estas audiencias tendrán repercusiones significativas en la elaboración de políticas futuras y en la ejecución de los compromisos nacionales e internacionales en la lucha contra el cambio climático.