El juicio contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ha comenzado en Nueva York, captando la atención mundial por las graves acusaciones que lo sitúan en el centro de una vasta red de narcotráfico. Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, es acusado de facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, utilizando su posición para proteger y promover las operaciones de narcotraficantes. Este caso no solo pone de relieve la corrupción en las esferas más altas del poder en Honduras sino también la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en la región.
Durante su mandato, Hernández fue elogiado por líderes internacionales, incluidos los expresidentes estadounidenses Barack Obama y Donald Trump, por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Sin embargo, detrás de esta fachada de cooperación, las autoridades estadounidenses comenzaron a acumular evidencia de su involucramiento directo en actividades ilícitas. La extradición de Hernández a Estados Unidos en abril de 2022, solo tres meses después de concluir su presidencia, marcó el inicio de un capítulo crucial en este caso emblemático.
El juicio, que se espera dure entre tres y cuatro semanas, se centra en las acusaciones de que Hernández lideró un "narcoestado", abusando de su poder para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Hernández recibió millones de dólares en sobornos, incluido un millón de dólares del notorio narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, para proteger las operaciones del Cartel de Sinaloa en Honduras. Estas acusaciones se basan en una amplia gama de evidencias, incluidas las declaraciones de narcotraficantes convictos y colaboradores cercanos, que han decidido testificar contra el expresidente.
La defensa de Hernández ha rechazado vehementemente las acusaciones, argumentando que son el resultado de una conspiración de narcotraficantes y enemigos políticos que buscan vengarse de sus políticas de seguridad y extradición. Hernández ha mantenido su inocencia, prometiendo luchar por su libertad y desacreditar las acusaciones en su contra. Sin embargo, la gravedad de las pruebas presentadas por la fiscalía plantea serias dudas sobre la posibilidad de que Hernández pueda eludir una condena que podría resultar en cadena perpetua.