La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia ha revelado graves irregularidades en la EPS Coosalud, que han derivado en su intervención el pasado 22 de noviembre de 2024. La auditoría realizada a la entidad evidenció un preocupante nivel de cumplimiento en sus actividades, con solo un 6% de las tareas cumplidas a cabalidad, un 58% en proceso y un 36% sin ningún avance.
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En diciembre de 2022, la situación financiera de Coosalud se complicó aún más cuando firmó un contrato de crédito con el banco GNB Sudameris S.A. por un monto total de $221.000 millones, actuando como fiadora para la empresa privada Coosalud Inversa S.A.S., de la cual Jaime González es el representante legal. En noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito, lo que activó las cláusulas de aceleración para recuperar la obligación. Este procedimiento resultó en la transferencia de $206.000 millones desde un fideicomiso relacionado con Coosalud para cubrir la deuda, ocurriendo tan solo dos días antes de la intervención.
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Además, la Superintendencia ha compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles delitos relacionados con el manejo de estos recursos. El superintendente Giovanny Rubiano subrayó la gravedad de la situación, afirmando que "cada peso desviado representa una pérdida en la atención de salud".
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Entre las irregularidades detectadas, también están los pagos realizados a una red denominada Mediosas, cuyo único representante legal es, aparentemente, el hijo del exrepresentante legal de Coosalud, Jaime González Díaz. Estos pagos están bajo investigación de las autoridades competentes.
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El presidente Gustavo Petro ha solicitado a la Fiscalía que investigue a fondo las denuncias de corrupción en Coosalud, sugiriendo que los recursos públicos podrían haber sido desviados hacia paraísos fiscales, lo que agrava aún más la situación.
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La intervención de la EPS es vista como una medida necesaria para asegurar la correcta administración de los recursos destinados a la salud, afectando directamente a sus 3,2 millones de afiliados distribuidos en 23 departamentos del país. La intervención busca garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera transparente y eficiente para asegurar la calidad en la atención de los usuarios.