El 29 de mayo de 2025, Israel llevó a cabo la mayor expansión de asentamientos en Cisjordania en décadas al aprobar 22 nuevos asentamientos. La decisión, confirmada por los ministros Bezalel Smotrich (Finanzas) e Israel Katz (Defensa), fue el resultado de una votación secreta del gabinete de seguridad. Parte de los asentamientos correspondían a puestos avanzados previamente construidos sin aval gubernamental, que ahora adquieren estatus legal bajo la normativa israelí.
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La nueva expansión contempla la distribución geográfica de los asentamientos a lo largo del territorio cisjordano, incluyendo la legalización de cuatro comunidades en la frontera oriental con Jordania y la reincorporación de Homesh y Sa-Nur, ambos retirados en 2005. Estos desarrollos se suman a una población israelí de aproximadamente 700,000 colonos distribuidos en cerca de 160 asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, áreas donde residen unos 3.3 millones de palestinos.
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Entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2025, se promovieron 10,503 nuevas unidades de vivienda en asentamientos israelíes, cifra que supera las 9,971 registradas durante todo 2024. Además, en julio de 2024 el gobierno israelí aprobó la mayor apropiación de tierras de las últimas tres décadas, con la incorporación de 12.7 kilómetros cuadrados en el valle del Jordán.
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Las reacciones ante este anuncio han sido contundentes. Israel Katz defendió la decisión como una estrategia para fortalecer el control sobre Judea y Samaria —denominación bíblica de Cisjordania— y como medida para impedir la creación de un Estado palestino. Por su parte, la presidencia palestina catalogó la medida como una “escalada peligrosa”, mientras que la organización israelí de derechos humanos B’Tselem la calificó de acto de supremacía judía que fomenta la expropiación de tierras palestinas. El grupo Peace Now describió la expansión como el mayor cambio geográfico en la región desde hace más de 30 años.
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Desde la ocupación de Cisjordania en la Guerra de los Seis Días (1967), Israel ha declarado extensos territorios como “tierras estatales”, restringiendo así la propiedad privada palestina. El ritmo de crecimiento de los asentamientos se ha incrementado notablemente desde el regreso de Benjamin Netanyahu al poder a finales de 2022 y tras el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.
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En el contexto legal internacional, estos asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional, una postura sostenida por Naciones Unidas, que ha instado repetidamente a Israel a la evacuación de colonos de los territorios ocupados. Sin embargo, el gobierno israelí rechaza dicha calificación y continúa con la expansión territorial a pesar de las críticas internacionales.
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La decisión ocurre en un escenario de aumento de la tensión y la violencia, sumando complejidad al futuro del conflicto israelí-palestino y dificultando aún más cualquier avance hacia una solución basada en dos Estados.