La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz en Colombia, ha presentado imputaciones contra 28 exmilitares por su presunta participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados a 604 casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos". Los hechos, ocurridos entre 2002 y 2008 en la región Caribe del país, involucran a oficiales de alto rango y representan el más amplio número de víctimas atribuidas a este tipo de crímenes bajo la jurisdicción del tribunal desde su creación.

Entre los imputados se encuentran tres mayores generales del Ejército Nacional: Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, además de dos brigadieres generales: Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez. También figuran siete coroneles, entre ellos William Hernán Peña Forero, junto a otros 23 oficiales y suboficiales retirados.

Los llamados "falsos positivos" se refieren a una práctica criminal utilizada para inflar artificialmente los resultados operativos del Ejército colombiano durante años, presentando civiles asesinados como combatientes caídos en combate para obtener recompensas y beneficios. Esta expresión cobró notoriedad en Colombia y ha sido clave para describir este fenómeno.

Los 604 casos de ejecuciones extrajudiciales fueron llevados a cabo en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Las víctimas incluyen 31 indígenas de los pueblos Wayúu, Wiwa y Kankuamo, además de 26 menores de edad, uno de ellos perteneciente a la comunidad Wayúu, y seis niñas, una de las cuales estaba embarazada. Hasta el momento, 122 víctimas permanecen sin identificar.

La JEP documentó un total de 358 eventos ilegales asociados a estos crímenes, con un incremento significativo en los casos entre 2004 y 2007. En 2004 se registraron 14 casos con 24 víctimas, mientras que en 2007 se alcanzó el punto más alto con 159 eventos y 257 víctimas. Las investigaciones del tribunal revelaron un patrón sistemático caracterizado por presiones y recompensas ofrecidas a los militares para presentar bajas en combate como logros operacionales, así como la manipulación de escenas del crimen y el ocultamiento de cuerpos.

El tribunal transicional fundamentó las imputaciones en una revisión exhaustiva de más de 300,000 folios de documentación que incluyeron informes de entidades estatales, versiones voluntarias de los acusados y archivos del Ministerio de Defensa. Los hallazgos reflejan que el 76% de las muertes reportadas como resultado de enfrentamientos eran, en realidad, asesinatos de personas fuera de combate, quienes posteriormente fueron presentadas falsamente como integrantes de grupos armados.

Las consecuencias de estos crímenes han sido devastadoras para las comunidades indígenas, que experimentaron desplazamientos forzados, impactos severos en su autonomía y cultura, así como un incremento en la estigmatización social debido a los asesinatos sistemáticos de sus miembros.

Con esta imputación, la JEP busca avanzar en su misión de garantizar justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano. Los crímenes atribuidos a los exmilitares enfrentan calificaciones de máxima gravedad al constituir prácticas violatorias del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.