El juez del distrito de Manhattan, Juan Merchan, desestimó la solicitud del presidente electo Donald Trump para anular su condena por los 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados a un pago de 130,000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Este pago, realizado en 2016, buscó silenciar a Daniels sobre una supuesta relación sexual con Trump, la cual el mandatario niega. Donald Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado por un delito grave: 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
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La defensa de Trump, basándose en una decisión del Tribunal Supremo de julio de 2024 que otorga amplia inmunidad a los expresidentes por actos oficiales, argumentó que las pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo el formulario de divulgación financiera presidencial y testimonios de asistentes de la Casa Blanca, eran inapropiadas. Sin embargo, el juez Merchan determinó que incluso si algunas pruebas estaban relacionadas con actos oficiales, su uso no representaba un peligro para la autoridad del Poder Ejecutivo y que cualquier error en la admisión de pruebas era "inocuo" dado el "abrumador" peso de la evidencia de culpabilidad.
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Trump fue declarado culpable en mayo de 2024 por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago a Daniels. La condena convierte a Trump en el primer expresidente en ser encontrado culpable de un delito grave, lo que ha generado un significativo revuelo político dado que asumirá nuevamente la presidencia el 20 de enero de 2025. La decisión del juez Merchan de mantener la condena podría complicar su capacidad para gobernar.
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En su plataforma Truth Social, Trump reaccionó con fuertes críticas hacia Merchan, tildándolo de "psicótico" y "corrupto", y acusándolo de ignorar la decisión del Tribunal Supremo. Esta no es la primera vez que Trump cuestiona la imparcialidad del juez, alegando vínculos políticos de Merchan con el Partido Demócrata y mencionando la relación de la hija del juez con una firma involucrada en campañas demócratas.
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Los fiscales han propuesto que la condena sea manejada de varias formas, incluyendo la posibilidad de congelar el caso hasta que Trump termine su mandato en 2029 o acordar que cualquier futura sentencia no implique tiempo de prisión. La sentencia, que ha sido aplazada indefinidamente, sigue sin una fecha establecida, aunque la Fiscalía ha insistido en que la condena debe permanecer vigente independientemente de la presidencia de Trump.
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Este caso es solo uno de los numerosos desafíos legales que Trump ha enfrentado desde 2023, y su resolución tendrá importantes repercusiones tanto para su administración como para su futuro político.