El pozo Uchuva-2, ubicado a 31 kilómetros de la costa de Santa Marta, Colombia, y a una profundidad de 837 metros, ha sido el centro de una polémica legal tras la decisión de un juez de suspender las actividades de exploración realizadas por Ecopetrol y Petrobras. La decisión judicial, emitida el 11 de septiembre de 2024, responde a una acción de tutela interpuesta por Ariel Daniels de Andreis, líder indígena de la comunidad de Taganga, quien argumenta que no se efectuaron las consultas previas obligatorias con las comunidades pesqueras locales.
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Uchuva-2, con una capacidad de producción potencial 2.5 veces mayor que las reservas probadas actuales de gas en Colombia, forma parte del Bloque Tayrona, que podría abastecer el 40% de la demanda nacional de gas. La controversia viene en un momento crítico para el sector energético colombiano, que enfrenta un déficit proyectado del 7.5% para el próximo año, que podría alcanzar el 12% en 2025 y el 30% en 2026, según afirmó Naturgas. La suspensión de este proyecto, en el que Petrobras invierte aproximadamente 250 millones de dólares anuales, podría agravar aún más la situación.
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Ariel Daniels de Andreis, líder de la comunidad indígena de Taganga, ha expresado que la exploración del pozo Uchuva-2 tendrá un impacto negativo en la pesca debido al ruido y tránsito de embarcaciones, así como al empleo de sustancias químicas en la exploración.
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En contraste, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, señaló que el proyecto Uchuva-2 ha recibido tres certificaciones del Ministerio del Interior en las últimas dos décadas, certificando que no hay comunidades afectadas en el área de trabajo. Asimismo, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras ha ratificado la ausencia de pesca ancestral en la zona.
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El futuro del proyecto ahora está en manos de un juez de segunda instancia que deberá revisar el fallo y tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, Ecopetrol y Petrobras han presentado recursos legales para revertir la decisión judicial de suspender sus operaciones en el pozo Uchuva-2. La situación pone de manifiesto el difícil equilibrio entre los derechos de las comunidades locales y las necesidades energéticas del país.
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La paralización temporal de las actividades en Uchuva-2 podría tener repercusiones significativas no solo para las empresas implicadas, sino también para el suministro energético en Colombia, donde aproximadamente el 16% de la energía proviene del gas natural. Las implicaciones legales y económicas de este caso continúan generando un debate considerable sobre la responsabilidad empresarial y el cumplimiento de las normas de consulta previa con las comunidades afectadas. Uchuva-2 es considerado uno de los proyectos de exploración de gas más prometedores en aguas profundas del Caribe colombiano, con una producción potencial que supera en 2.5 veces las reservas probadas de gas actuales.