Julian Assange, el controvertido fundador de WikiLeaks, se encuentra en un momento crítico de su larga batalla legal, enfrentando su última apelación en el Reino Unido contra la extradición a Estados Unidos. En Estados Unidos, Assange enfrenta 18 cargos criminales relacionados con la publicación de material clasificado y cables diplomáticos en 2010 y 2011, lo que podría resultar en una sentencia de hasta 175 años de prisión. Durante más de una década, Assange ha sido una figura polarizadora, aclamado por unos como un campeón de la libertad de prensa y denunciado por otros como un peligro para la seguridad nacional.
Desde su arresto en 2019 tras ser expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió durante siete años, Assange ha permanecido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Su caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de prensa y el derecho del público a saber, así como sobre las implicaciones de su posible extradición para los periodistas en todo el mundo.

Los abogados de Assange han argumentado que su extradición a Estados Unidos constituiría una violación de los derechos humanos, sosteniendo que está siendo perseguido por actividades que caen bajo el paraguas de la práctica periodística ordinaria. Han presentado su caso como un acto de represalia política por parte de Estados Unidos, argumentando que la publicación de documentos clasificados por WikiLeaks fue un servicio público que expuso actos criminales y abusos de poder por parte del gobierno estadounidense.
A lo largo de los procedimientos judiciales, la defensa de Assange ha planteado preocupaciones sobre su bienestar físico y mental, sugiriendo que su salud ha deteriorado significativamente durante su encarcelamiento. Han advertido que enfrenta un riesgo real de suicidio si es extraditado a Estados Unidos, donde probablemente sería sometido a condiciones de confinamiento severas.