El pasado 25 de febrero de 2025, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que la administración de Donald Trump asumiría, a partir de ese momento, el control directo en la selección de los medios autorizados para cubrir al presidente en eventos de acceso limitado. Con esta decisión, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), organización que desempeñó ese papel por más de un siglo, quedó destituida de dicha función. Según Leavitt, la medida buscaría “devolver el poder a la gente” y diversificar la cobertura al incluir a nuevos medios como servicios de streaming y podcasts.

El impacto de este giro en la política de acceso mediático se hizo sentir de inmediato. Al día siguiente, diversos reporteros de medios consagrados, como HuffPost y Reuters, fueron excluidos de la rotación de prensa. Incluso se negó el acceso a un fotógrafo de Associated Press (AP) y a otros tres periodistas durante la primera reunión del gabinete de Trump bajo estas nuevas reglas. Este panorama generó críticas y tensiones entre los medios de comunicación afectados, que vieron en la decisión un retorno al favoritismo y una amenaza para la libertad de prensa.

En este marco de controversia, Associated Press presentó una demanda contra la administración Trump aludiendo violaciones a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La exclusión de AP fue resultado directo de su negativa a adoptar la denominación “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México”, tal como lo exigía la administración. El caso será revisado en una audiencia programada para el próximo 20 de marzo por el juez Trevor N. McFadden, quien ya expresó su preocupación sobre la legalidad de estas restricciones y cuestionó si podrían constituir discriminación por opinión.

Además, la nueva política redefine la composición del grupo de medios que acompañan al presidente en sus actividades. Este “pool de prensa” seguirá incluyendo los cinco canales más destacados: ABC, CBS, CNN, Fox y NBC, pero añadirá otras plataformas aún no especificadas. Cabe señalar que las organizaciones seleccionadas para esta cobertura deben financiar sus propios costos asociados, incluyendo los asientos en el avión presidencial, Air Force One.

La WHCA y otros periodistas calificaron el cambio como una amenaza directa a la independencia de la prensa y una maniobra para reforzar el control gubernamental sobre la narrativa informativa. Eugene Daniels, presidente de la WHCA, afirmó que estas nuevas reglas no buscan beneficiar al público, sino únicamente fortalecer el poder de la Casa Blanca. Por su parte, Donald Trump intensificó la polémica al insinuar a través de un post en Truth Social que consideraría demandar a periodistas que utilicen fuentes anónimas, una práctica común en el gremio periodístico.

En ese contexto, las implicaciones legales y éticas de estas modificaciones han captado la atención de defensores de derechos constitucionales y analistas políticos, quienes advierten que las restricciones impuestas podrían marcar un precedente preocupante en la relación entre el poder ejecutivo y los medios de comunicación.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) fue fundada en 1914 y, desde entonces, había mantenido la autoridad para gestionar el acceso de los periodistas en la cobertura del presidente, hasta este reciente cambio histórico.