La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha decidido enviar copias a la Fiscalía General para que investigue al actual fiscal Gabriel Jaimes debido a presuntas irregularidades en sus funciones como procurador segundo delegado para la Casación Penal en 2010. Este proceso deriva de su papel en el caso de Guiomar Patricia Riveros, excontratista y líder de víctimas, quien fue condenada por firmar un contrato con el Hospital Militar en 2010 a pesar de estar inhabilitada debido a una condena anterior.

Según la Corte, en 2010 Jaimes emitió un certificado en el que aseguraba que Riveros no tenía ninguna inhabilidad para realizar contratos con el Estado. Este documento fue utilizado para adjudicarle un contrato que, posteriormente, resultó en la condena de Riveros. El alto tribunal remarcó que dicha afirmación era falsa y carecía de base legal, especialmente teniendo en cuenta que Jaimes no estaba facultado para certificar la ausencia de impedimentos disciplinarios o penales de los contratantes.

El tribunal añadió que la condena contra Riveros se mantiene firme luego de la revisión en sede de casación. Por ello, se consideró necesario indagar si Jaimes incurrió en algún tipo de responsabilidad penal al expedir un documento oficial que facilitó una contratación irregular con el Estado.

Los magistrados de la Corte cuestionaron también el motivo por el cual Jaimes, en su papel de procurador delegado en casación penal, estaba involucrado en la certificación de aspirantes a contratos, una función ajena a sus competencias oficiales. Estas posibles irregularidades han generado preocupación por las implicaciones de sus acciones y han puesto en foco su responsabilidad como servidor público.

En un contexto más amplio, la figura de Gabriel Jaimes ha levantado controversia recientemente por su actuación en otros casos de alto perfil, como su decisión de solicitar la preclusión del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. No obstante, la Corte Suprema subrayó que la presente investigación está estrictamente limitada al caso de Riveros y no está relacionada con sus decisiones en el caso de Uribe.

Con esta diligencia, la Corte Suprema enfatiza la importancia de investigar posibles responsabilidades penales en el manejo de la administración pública y los procesos de contratación estatal. Este caso podría tener repercusiones significativas tanto para Jaimes como para otros funcionarios en posiciones de poder.