La divulgación de 64.000 documentos desclasificados sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, ocurrida el pasado martes, generó un frenesí entre periodistas, historiadores y aficionados, quienes buscaban entre sus páginas una revelación significativa. Sin embargo, los análisis iniciales indican que la desclasificación no aportó pruebas concluyentes sobre nuevas teorías del caso.

Lejos de confirmar hipótesis conspirativas, los archivos se centraron en detalles operativos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según los documentos, el prolongado secretismo alrededor de los expedientes parece haber tenido como objetivo principal proteger métodos de espionaje, fuentes confidenciales y acciones encubiertas. Entre el material publicado, destacan referencias a operaciones de vigilancia, trabajos encubiertos y partidas presupuestarias de la CIA, aunque no se encontraron evidencias que involucren a la agencia en el homicidio de Kennedy, como especularon algunas teorías.
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A pesar de su aparente irrelevancia para reinterpretar los acontecimientos del magnicidio, la publicación también generó controversias por las fallas en el manejo de la información personal. Los documentos, al estar libres de censura, expusieron públicamente los números de Seguro Social y otros datos privados de cientos de personas, incluidas figuras como Judy K. Barga, excontratista gubernamental, y William A. Harnage, de 71 años. “Lo considero casi criminal”, señaló Harnage, al descubrir que su información quedó expuesta. La Casa Blanca no ha emitido comentarios al respecto.

El material también incluyó registros contables y archivos profesionales de empleados del Congreso de la década de 1970, algunos de los cuales siguen vivos. Historiadores como David J. Garrow consideran estos documentos un “catálogo de malas acciones” por parte de la CIA, refiriéndose a episodios de espionaje, allanamientos en el extranjero y vigilancia no autorizada. Gran parte del contenido desclasificado pertenece a un informe de 693 páginas de 1975 que revela posibles excesos de la agencia en sus operaciones.

El anuncio inicial del expresidente Donald Trump, quien prometió desclasificar 80.000 documentos en total, resultó en la publicación de 64.000, dejando un déficit de 16.000 archivos y sembrando nuevas dudas entre teóricos de la conspiración. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza que ha rodeado al caso desde que la Comisión Warren publicó su informe oficial en 1964. Además, los archivos han revitalizado viejas teorías, como las surgidas tras la película "JFK" (1991), que cuestionaban la versión gubernamental.
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Entre los archivos también resalta la divulgación de registros de vigilancia del FBI relacionados con Martin Luther King Jr., permitiendo destapar detalles de su vida personal. Estas revelaciones han provocado críticas sobre las consecuencias de dañar la memoria del líder de derechos civiles.

El contexto del anuncio por parte de Trump, realizado de manera improvisada y sin una revisión meticulosa, ha llevado a expertos a criticar el proceso de publicación. La propia administración era consciente del riesgo de filtrar información sensible, pero el anuncio abrupto no permitió que se tomaran las precauciones necesarias. Defensores del expresidente, como Tulsi Gabbard, argumentaron que esta desclasificación inaugura una nueva etapa de “transparencia máxima”, aunque las irregularidades del proceso abrieron otro frente de polémica.

En cuanto al porcentaje general de documentos desclasificados, se estima que hasta 2023 se había divulgado el 99% del material total relacionado con el asesinato de JFK. Sin embargo, como apuntan muchos analistas, las preguntas persistentes y la falta de documentos faltantes mantienen viva la especulación sobre lo que realmente sucedió el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas.

A pesar del secretismo, desde 1992, la Ley de Registros de Asesinatos de JFK ordenó que los documentos fueran desclasificados en un plazo de 25 años. No obstante, esta medida histórica tampoco logró disipar las teorías conspirativas.