El reciente estudio "Cartografías de la Violencia en la Amazonía", publicado en diciembre por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública y el Instituto Mãe Crioula, evidencia la grave situación en los nueve estados de la Amazonía Legal brasileña. Este informe analiza cómo la violencia armada, impulsada por guerras entre grupos criminales y disputas por tierras, ha convertido a pequeños municipios amazónicos en los más violentos de Brasil.

Uno de los hallazgos centrales del estudio es la estrecha conexión entre la expansión de redes criminales y la apropiación ilegal de tierras, lo cual contribuye significativamente a la deforestación en la región. La explotación de recursos como oro, madera y fauna nativa está controlada por el crimen organizado que recurre a la fuerza para consolidar su dominio.

Dos de las mayores organizaciones delictivas de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), han expandido su influencia en la región. Estas bandas criminales disputan rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas, especialmente en zonas estratégicas como la frontera con Colombia y Perú. Según los datos del informe, al menos 260 de los 772 municipios de la Amazonía registran la presencia de un grupo criminal, y en 84 municipios existe competencia entre dos o más organizaciones. Desde 2017, el CV ha ganado terreno en el norte del país, ejerciendo hegemonía en 130 municipios.

Las cifras del informe son contundentes. En 2023, los estados amazónicos reportaron una tasa de homicidios de 32,3 por cada 100.000 habitantes, un 41,5% superior a la media nacional. Cumaru do Norte, en el estado de Pará, se consolidó como la ciudad más violenta de la región, con una impactante tasa de 141,3 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.

El informe también destaca las dimensiones de la ocupación y deforestación ilegales en la Amazonía. Más de 20.000 propiedades ilegales están registradas en la región, de las cuales 8.600 se encuentran dentro de territorios indígenas y 11.800 están ubicadas en áreas protegidas. Muchas de estas propiedades, vinculadas a actividades ilegales, han contribuido al desmonte forestal. Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), más de 25 millones de hectáreas de tierras públicas han sido ocupadas de forma irregular, y más del 70% de la deforestación en áreas forestales públicas está destinada a pastizales para la cría de ganado.

Leila Pereira, investigadora brasileña consultada para el informe, asegura que "los crímenes ambientales en estas tierras suelen ser un puente para otros tipos de crímenes". La apropiación de tierras y la falta de derechos de propiedad claros en terrenos públicos no destinados son factores clave que generan conflictos resueltos, con frecuencia, de manera violenta.

A pesar de los esfuerzos de diversas autoridades para disminuir la crisis, tanto las dinámicas legales como la corrupción y las tensiones sociales alimentan continuamente los escenarios de violencia. Este panorama subraya una problemática que afecta no solo a la seguridad de la región sino que también tiene un impacto directo en el medio ambiente, especialmente debido al avance de la deforestación y el daño a territorios indígenas y áreas protegidas.

Cumaru do Norte, considerada la ciudad más violenta de Brasil por su tasa de homicidios, tiene una población estimada de poco más de 13.000 habitantes, lo que resalta las dimensiones extremas de la crisis de seguridad en un municipio tan pequeño.