La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado inicio a una investigación crucial sobre el Fondo Ganadero de Córdoba, particularmente en el contexto del caso 04, que se enfoca en la región de Urabá. El objetivo principal es examinar los convenios realizados por el Fondo con tierras despojadas, que posteriormente fueron explotadas por empresas de caucho y reforestadoras.
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Entre los actores clave que han comparecido ante la JEP se encuentran Benito Osorio, exgerente del Fondo; Benito Molina Velarde, presidente de la Junta; Jaime García y Luis Gonzalo Gallo, miembros de la junta; Carlo Esquivia Guzmán, asesor jurídico; y Mario Zuluaga Espinal, terrateniente.
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De acuerdo con la relatoría del caso, entre 1997 y 2005, se realizaron compras masivas de tierras a 130 familias, mediadas por el desplazamiento forzado. Un caso específico en Tulapas evidenció que entre 2003 y 2005, estas tierras fueron asignadas para la explotación de caucho a varias empresas, incluyendo la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A., la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá (Procaucho), y la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA).
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La JEP ha solicitado información a varias entidades para avanzar en la investigación. Estas incluyen la Agencia de Renovación del Territorio, la Corporación Autónoma Regional de Urabá (Corpourabá), las Cámaras de Comercio de Bogotá y Medellín, y el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Estas solicitudes buscan esclarecer el estado actual y la explotación económica de los predios que estuvieron bajo el control del Fondo Ganadero.
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Además, se han emitido nuevas órdenes para verificar la situación jurídica de Procaucho y la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y solicitar a RIA la entrega de contratos con el Ministerio de Agricultura y otros organismos sobre predios en Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. También se han requerido informes detallados sobre el volumen de explotación de madera desde 2004, incluyendo beneficiarios y hectáreas sembradas.
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Entre los requerimientos adicionales, Corpourabá tiene la obligación de entregar licencias de aprovechamiento forestal y un informe sobre la producción de madera entre 2004 y 2016. La Unidad de Restitución de Tierras debe caracterizar cartográficamente la región de Tulapas y actualizar el estado de las solicitudes de restitución. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Colombiano Agropecuario tienen la tarea de proporcionar información acerca de baldíos y plantaciones en la región.

Otro aspecto importante de la investigación es el análisis de seguridad, que debe ser abordado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa. Estos organismos deberán presentar informes sobre la situación de derechos humanos y la seguridad en las áreas afectadas por el despojo de tierras.
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El objetivo de esta extensa investigación es esclarecer el papel del Fondo Ganadero de Córdoba en el despojo de tierras y su posible relación con grupos paramilitares, así como las consecuencias legales y sociales de estas acciones en la región de Urabá.
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"La relación entre el Fondo Ganadero y los grupos paramilitares debe ser minuciosamente examinada para garantizar justicia y reparación a las víctimas," declaró un portavoz de la JEP. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para reconocer y abordar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el conflicto armado colombiano.