Colombia

La justicia acepta como prueba las interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe en el juicio por soborno a testigos

El Tribunal Superior de Bogotá ha aceptado las interceptaciones telefónicas como prueba en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión, anunciada el 4 de febrero de 2025, llega a solo dos días del inicio del juicio, programado para el 6 de febrero de 2025.

Colombia

La justicia acepta como prueba las interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe en el juicio por soborno a testigos

El Tribunal Superior de Bogotá ha aceptado las interceptaciones telefónicas como prueba en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión, anunciada el 4 de febrero de 2025, llega a solo dos días del inicio del juicio, programado para el 6 de febrero de 2025.

“Las grabaciones no estaban protegidas y fueron filtradas”

– Afirmó Álvaro Uribe Vélez al criticar la decisión del tribunal.

4/2/2025

El 4 de febrero de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá decidió admitir las interceptaciones telefónicas obtenidas en 2018 como prueba en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos. Este fallo ocurre a solo dos días del inicio del juicio, fijado para el 6 de febrero de 2025.

Las interceptaciones involucran conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, las cuales la defensa calificó como privilegiadas. No obstante, el magistrado Manuel Antonio Merchán, ratificando la postura de la jueza Sandra Liliana Heredia, estableció que Cadena no actuaba como abogado formal de Uribe en esos diálogos.

En 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto de Uribe citando un riesgo de obstrucción a la justicia basado en estas interceptaciones, que fueron obtenidas durante la escucha de conversaciones del congresista Nilton Córdoba. Córdoba, condenado en 2024 por su participación en el escándalo del Cartel de la toga, fue parte central de la defensa que sostiene que las grabaciones son fruto de un error durante su interceptación.

Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, exparamilitares, aseguran que Cadena les ofreció beneficios a cambio de retractarse y acusar al senador Iván Cepeda de manipulación de testigos contra Uribe. Las conversaciones entre Cadena y Monsalve fueron captadas con el permiso de la Corte Suprema de Justicia.

Uribe ha negado las acusaciones y ha cuestionado la legitimidad de las grabaciones, señalando que fueron obtenidas sin protección y que carece de vínculo alguno con Córdoba o su abogado. La controversia se originó en 2012 cuando Uribe acusó a Cepeda de manipular testigos, desencadenando un proceso judicial que se ha prolongado por casi 13 años.

En 2020, Uribe renunció a su puesto de senador para ser investigado por la justicia ordinaria, dado que la Corte Suprema no abrió una investigación contra Cepeda, sino que inició un proceso contra el propio Uribe. A lo largo del proceso, la Fiscalía ha declarado en repetidas ocasiones que no había pruebas suficientes contra Uribe, situación que ha dado un giro con la reciente decisión del tribunal.

Este caso ha tenido un fuerte impacto en el panorama político y judicial de Colombia, presentando un enfrentamiento entre las principales figuras del país y exponiendo a la opinión pública los entresijos del sistema judicial y sus procedimientos. El Cartel de la toga, escándalo en el cual fue condenado Nilton Córdoba, implica a varios magistrados y congresistas en actos de corrupción judicial, evidenciando una red de sobornos y tráfico de influencias en el más alto nivel judicial de Colombia.

Algo Curioso

“Las grabaciones no estaban protegidas y fueron filtradas”

– Afirmó Álvaro Uribe Vélez al criticar la decisión del tribunal.

Feb 4, 2025
Colglobal News

El 4 de febrero de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá decidió admitir las interceptaciones telefónicas obtenidas en 2018 como prueba en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos. Este fallo ocurre a solo dos días del inicio del juicio, fijado para el 6 de febrero de 2025.

Las interceptaciones involucran conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, las cuales la defensa calificó como privilegiadas. No obstante, el magistrado Manuel Antonio Merchán, ratificando la postura de la jueza Sandra Liliana Heredia, estableció que Cadena no actuaba como abogado formal de Uribe en esos diálogos.

En 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto de Uribe citando un riesgo de obstrucción a la justicia basado en estas interceptaciones, que fueron obtenidas durante la escucha de conversaciones del congresista Nilton Córdoba. Córdoba, condenado en 2024 por su participación en el escándalo del Cartel de la toga, fue parte central de la defensa que sostiene que las grabaciones son fruto de un error durante su interceptación.

Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, exparamilitares, aseguran que Cadena les ofreció beneficios a cambio de retractarse y acusar al senador Iván Cepeda de manipulación de testigos contra Uribe. Las conversaciones entre Cadena y Monsalve fueron captadas con el permiso de la Corte Suprema de Justicia.

Uribe ha negado las acusaciones y ha cuestionado la legitimidad de las grabaciones, señalando que fueron obtenidas sin protección y que carece de vínculo alguno con Córdoba o su abogado. La controversia se originó en 2012 cuando Uribe acusó a Cepeda de manipular testigos, desencadenando un proceso judicial que se ha prolongado por casi 13 años.

En 2020, Uribe renunció a su puesto de senador para ser investigado por la justicia ordinaria, dado que la Corte Suprema no abrió una investigación contra Cepeda, sino que inició un proceso contra el propio Uribe. A lo largo del proceso, la Fiscalía ha declarado en repetidas ocasiones que no había pruebas suficientes contra Uribe, situación que ha dado un giro con la reciente decisión del tribunal.

Este caso ha tenido un fuerte impacto en el panorama político y judicial de Colombia, presentando un enfrentamiento entre las principales figuras del país y exponiendo a la opinión pública los entresijos del sistema judicial y sus procedimientos. El Cartel de la toga, escándalo en el cual fue condenado Nilton Córdoba, implica a varios magistrados y congresistas en actos de corrupción judicial, evidenciando una red de sobornos y tráfico de influencias en el más alto nivel judicial de Colombia.

El 4 de febrero de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá decidió admitir las interceptaciones telefónicas obtenidas en 2018 como prueba en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos. Este fallo ocurre a solo dos días del inicio del juicio, fijado para el 6 de febrero de 2025.

Las interceptaciones involucran conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, las cuales la defensa calificó como privilegiadas. No obstante, el magistrado Manuel Antonio Merchán, ratificando la postura de la jueza Sandra Liliana Heredia, estableció que Cadena no actuaba como abogado formal de Uribe en esos diálogos.

En 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto de Uribe citando un riesgo de obstrucción a la justicia basado en estas interceptaciones, que fueron obtenidas durante la escucha de conversaciones del congresista Nilton Córdoba. Córdoba, condenado en 2024 por su participación en el escándalo del Cartel de la toga, fue parte central de la defensa que sostiene que las grabaciones son fruto de un error durante su interceptación.

Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, exparamilitares, aseguran que Cadena les ofreció beneficios a cambio de retractarse y acusar al senador Iván Cepeda de manipulación de testigos contra Uribe. Las conversaciones entre Cadena y Monsalve fueron captadas con el permiso de la Corte Suprema de Justicia.

Uribe ha negado las acusaciones y ha cuestionado la legitimidad de las grabaciones, señalando que fueron obtenidas sin protección y que carece de vínculo alguno con Córdoba o su abogado. La controversia se originó en 2012 cuando Uribe acusó a Cepeda de manipular testigos, desencadenando un proceso judicial que se ha prolongado por casi 13 años.

En 2020, Uribe renunció a su puesto de senador para ser investigado por la justicia ordinaria, dado que la Corte Suprema no abrió una investigación contra Cepeda, sino que inició un proceso contra el propio Uribe. A lo largo del proceso, la Fiscalía ha declarado en repetidas ocasiones que no había pruebas suficientes contra Uribe, situación que ha dado un giro con la reciente decisión del tribunal.

Este caso ha tenido un fuerte impacto en el panorama político y judicial de Colombia, presentando un enfrentamiento entre las principales figuras del país y exponiendo a la opinión pública los entresijos del sistema judicial y sus procedimientos. El Cartel de la toga, escándalo en el cual fue condenado Nilton Córdoba, implica a varios magistrados y congresistas en actos de corrupción judicial, evidenciando una red de sobornos y tráfico de influencias en el más alto nivel judicial de Colombia.

Algo Curioso

PODRÍA INTERESARTE
 

No tienes acceso

Necesitas una membresía para acceder al contenido de este sitio.
Por favor Regístrate o Ingresa