El despido de más de 400 empleados en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. en marzo de este año es parte de una serie de recortes que han impactado múltiples agencias científicas federales bajo la administración de Donald Trump. Estos recortes masivos también incluyen la suspensión de fondos destinados a programas de recuperación de especies amenazadas, como el visón de patas negras, paralizando importantes esfuerzos de conservación y restauración.

Nick Gladstone, un biólogo especializado en especies subterráneas que trabajaba en Texas, denunció que su despido afecta directamente la atención de 15 especies de invertebrados en peligro, como ciertas especies de escarabajos y arañas. Según Gladstone, estas especies son esenciales para la salud del Acuífero Edwards—aquella que abastece de agua a más de dos millones de residentes texanos—y ahora podrían quedar desprotegidas durante años.

La congelación de recursos por parte de la administración también afecta la recuperación de grandes predadores, incluyendo el lobo gris y el oso pardo. Estas decisiones siguen alineadas con el pensamiento del manifiesto conservador "Proyecto 2025", que presenta fuertes críticas a la Ley de Especies en Peligro, acusándola de frenar el desarrollo económico.

Por su parte, un biólogo con sede en Washington D.C., quien también sufrió los recortes, advirtió que la falta de personal y recursos financieros ha impedido las revisiones ambientales críticas necesarias para iniciativas de conservación. Según afirmó, la capacidad operativa de varios departamentos federales encargados de proteger la biodiversidad está profundamente comprometida.

Otros recortes tienen implicaciones más generales para la comunidad científica, como es el caso del Servicio Geológico de EE. UU., donde un experto en adaptación climática fue despedido. Este investigador señaló la urgencia de continuar los trabajos relacionados con la crisis climática y sus impactos en los sistemas alimentarios.

No obstante, las decisiones respecto al personal no están exentas de controversias legales. La Oficina de Consejos Especiales determinó que algunos de los despidos realizados violaron la legalidad y solicitó que los afectados sean reincorporados, además de recibir el pago retroactivo correspondiente. En respuesta, pidió implementar una suspensión temporal de estos despidos, con un plazo de 45 días.

Las críticas no se han hecho esperar. Gretchen Goldman, quien preside la Unión de Científicos Preocupados, denunció que esta política deliberada ha socavado tanto investigaciones médicas de relevancia como funciones gubernamentales fundamentales. "Este desmantelamiento es un golpe directo a las bases de la investigación científica seria y a nuestros esfuerzos por proteger los recursos naturales esenciales del país", puntualizó.

Frente a la magnitud del impacto, activistas y expertos en ecología temen que se estén sentando precedentes alarmantes en la gestión medioambiental de los Estados Unidos, lo que podría tener consecuencias a largo plazo tanto para la biodiversidad como para los sistemas climáticos y ecológicos críticos a nivel nacional.

El Acuífero Edwards, cuyo ecosistema depende de las especies subterráneas amenazadas, es una de las principales fuentes de agua potable en el área de San Antonio, Texas, y es responsable de proporcionar agua a más de 2 millones de personas en la región.