El Tribunal Penal de Morbihan, en Vannes, Francia, se convierte en el escenario de un juicio histórico, al comenzar el proceso contra Joël Le Scouarnec, un ex cirujano de 74 años acusado de llevar a cabo abusos sexuales contra 299 pacientes, en su mayoría menores de edad, a lo largo de más de dos décadas. Este caso, que abarca atrocidades cometidas entre 1989 y 2014, ya es catalogado como el mayor juicio por pederastia en la historia de la nación.

Las cifras del caso son impactantes: de las 299 víctimas identificadas, 256 eran menores de 15 años y 14 eran mayores de 20 cuando ocurrieron los abusos. La víctima más joven tenía tan solo un año de edad. La distribución de género refleja que 158 hombres y 141 mujeres fueron agredidos, la mayoría de ellos mientras estaban anestesiados o durante su recuperación tras procedimientos quirúrgicos realizados por el acusado.

Joël Le Scouarnec admitió haber cometido lo que calificó como "actos horribles" y aceptó la gran mayoría de los cargos en su contra. Su abogado, Maxime Tessier, manifestó que el acusado es consciente del daño infringido en sus pacientes. Estas confesiones alimentan las expectativas de las víctimas de que se haga justicia, pero no mitigan las críticas hacia el sistema médico y judicial francés, cuya falta de acción permitió que estos abusos se prolongaran durante años.

Este juicio surge tras revelarse múltiples antecedentes que cuestionan la postura institucional. En 2005, Le Scouarnec fue condenado a cuatro meses de prisión con suspensión de pena por posesión de imágenes de abuso infantil, pero continuó ejerciendo en diversos hospitales. En 2020 fue sentenciado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro menores, incluidas dos sobrinas y una vecina de seis años, lo que impulsó investigaciones más profundas que culminaron en el actual proceso. Fue durante un registro a su domicilio que se encontraron 300,000 imágenes de pornografía infantil y diarios personales que documentaban detalladamente sus crímenes.

El proceso judicial ha captado la atención mediática no solo por la magnitud del caso, sino también por las fallas sistémicas evidenciadas. Más de 470 periodistas se han acreditado para cubrir el juicio. La abogada Francesca Satta, que representa a algunas de las víctimas, destacó que este caso expone un problema de cultura de encubrimiento y permisividad en ciertos sectores médicos. Además, las familias de las víctimas han señalado la necesidad urgente de revisar protocolos que no protegieron a los pacientes vulnerables.

El emotivo testimonio de Amélie Lévêque, quien fue víctima a los 9 años, ejemplifica el daño irreparable causado. Ella manifestó su incredulidad ante el supuesto remordimiento de Le Scouarnec y denunció que las secuelas de los abusos han afectado profundamente su vida personal. Otros testimonios corroboran que los sobrevivientes enfrentan problemas de salud mental y trastornos sociales que dificultan su día a día.

De ser declarado culpable en este juicio, Le Scouarnec podría enfrentar hasta 20 años adicionales de prisión, sumados a su sentencia anterior. Los abusos del acusado tuvieron como epicentro hospitales situados principalmente en la región de Bretaña, donde tuvo una larga carrera médica. En este contexto, se abre también el debate sobre las responsabilidades legales y éticas de las instituciones que permitieron la ocurrencia de estos delitos durante tanto tiempo.

El juicio no solo busca una sentencia justa, sino que también obliga a una revisión sistemática de los procedimientos médicos en Francia para garantizar la protección efectiva de los pacientes, especialmente de los menores, frente a posibles agresores.