La Suprema Corte de Estados Unidos analizará este martes un caso notable presentado por el gobierno de México, que busca responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por el contrabando de armas hacia el territorio mexicano, en especial aquellas utilizadas por cárteles del narcotráfico. El gobierno mexicano solicita una indemnización de aproximadamente 10.000 millones de dólares para cubrir los daños derivados de la violencia ocasionada.

Esta demanda se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y la anterior administración de Donald Trump, que intentó designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Ante tal iniciativa, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había advertido que México podría ampliar su estrategia legal en Estados Unidos.

México argumenta que la mayor parte de las armas que se encuentran en escenas del crimen en su territorio tienen origen estadounidense. Señala como ejemplo que hasta medio millón de armas son contrabandeadas desde Estados Unidos a México cada año. Entre estas, destacan las armas de tipo militar poderosas y rápidas, que son estrictamente controladas dentro del país latinoamericano y que no pueden ser adquiridas por civiles.

El caso reviste aún mayor importancia ya que el gobierno de Donald Trump implementó aranceles sobre bienes provenientes de México y tomó medidas para combatir los cárteles, lo que incluyó sanciones y la designación formal de grupos criminales como terroristas. Sin embargo, tales medidas también generaron inquietudes en México respecto a la posible violación de su soberanía.

Mientras tanto, los fabricantes de armas y defensores de la Segunda Enmienda argumentan que responsabilizar a las empresas de armas equivale a un ataque contra los derechos constitucionales de los estadounidenses. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha calificado la demanda como un esfuerzo para "destruir económicamente la industria de armas de fuego estadounidense". Los fabricantes, como Smith & Wesson y otros acusados, sostienen que sus ventas son completamente legales dentro de Estados Unidos y rechazan cualquier vínculo directo con los criminales en México.

El expediente legal, conocido como Smith & Wesson Brands v. Estados Unidos Mexicanos, No. 23-1141, llega a la Corte Suprema en un panorama complicado. Un fallo de 2023 de este mismo tribunal determinó que las empresas de redes sociales no podían ser responsabilizadas por contenido terrorista, decisión que podría influir en el análisis de este caso.

En 2021, México presentó por primera vez esta demanda, pero fue desestimada por un juez de primera instancia debido a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, que concede inmunidad legal a fabricantes de armas frente a ciertos litigios. Sin embargo, en una apelación, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston rechazó el fallo inicial, permitiendo que la demanda proceda al cumplir los requisitos de litigar en base a violaciones deliberadas de leyes sobre armas.

Además del caso pendiente en la Corte Suprema, México también ha iniciado juicios contra tiendas de armas en Arizona y busca ampliar esta estrategia legal a otras jurisdicciones estadounidenses, como parte de un esfuerzo más amplio contra el tráfico de armas.

El diplomático mexicano Pablo Arrocha declaró recientemente que estas demandas representan sólo el inicio de una ofensiva jurídica destinada a bloquear el flujo ilegal de armas hacia el país. Ambos gobiernos han intentado coordinar esfuerzos: mientras México se compromete a reducir el tráfico de drogas, Estados Unidos debería actuar para frenar el contrabando de armas al sur. Como señal de cooperación, México ha extraditado a casi 30 prominentes operadores de cárteles en días recientes.

La Corte Suprema tendrá que decidir sobre el alcance de la responsabilidad de los fabricantes de armas en un contexto que involucra soberanía, seguridad nacional y derechos constitucionales, en un caso que podría sentar precedentes legales históricos tanto en materia de armas como en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Según informes, cerca del 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México pueden rastrearse a fabricantes o distribuidores en Estados Unidos, hecho que ha intensificado la presión sobre la regulación del comercio de armas entre ambos países.