La reciente deportación desde Estados Unidos de cerca de 300 personas a El Salvador ha causado preocupación entre las familias venezolanas afectadas. Las deportaciones, realizadas bajo la administración de Donald Trump, se justificaron con base en una apelación a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual permitió efectuar expulsiones inmediatas sin previo aviso. Estas personas fueron ingresadas al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, bajo sospecha de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal descrita como una de las más peligrosas de América Latina.

La identificación de varios de los deportados por sus familiares comenzó cuando el Gobierno salvadoreño difundió fotografías de los detenidos en redes sociales. Las madres, mayormente originarias del barrio Los Pescadores en Maracaibo, Zulia, en Venezuela, reconocieron a sus hijos a través de detalles como tatuajes, la forma de la cabeza afeitada, así como características particulares de las orejas y cuellos. Entre los identificados se encuentra Mervin Yamarte, de 29 años, reconocido por su madre Mercedes Yamarte. Según Mercedes, su hijo no tiene antecedentes penales y trabajaba para mantener a su familia. Entre los tatuajes de Mervin destacan uno con el nombre de su hija y otro que reza "Fuerte como mamá".

Otros nombres que han sido reconocidos por sus madres entre los deportados incluyen los de Ringo Rincón, Andy Javier Perozo y Edwuar Hernández. Las progenitoras han expresado su desesperación, sosteniendo que sus hijos no son criminales, sino personas en situación de vulnerabilidad. Algunas familias afirman que los jóvenes se entregaron a las autoridades estadounidenses en busca de mejores oportunidades debido a la grave crisis económica y social que afecta a Venezuela.

La situación ha generado alarma y movilización en su comunidad de origen, donde las madres y familiares se reúnen compartiendo información y buscando apoyo. Asimismo, han solicitado que se investiguen los casos para determinar la veracidad de las acusaciones y evitar que inocentes sean tratados como miembros de grupos criminales. La criminalización de los migrantes ha sido un tema recurrente, complicando aún más la vida de quienes huyen de sus países en busca de una mejor calidad de vida.

Mientras tanto, se plantean críticas a la administración Trump por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que históricamente rara vez ha sido utilizada y que data de más de dos siglos atrás. Este marco legal permitió realizar las deportaciones sin previo aviso ni oportunidad para la defensa de los afectados.

El caso ilustra las tensiones relacionadas con las políticas migratorias, el uso de prisiones de alta seguridad como CECOT, y el impacto directo sobre las familias separadas por estas medidas. En El Salvador, el gobierno salvadoreño ha utilizado un enfoque de seguridad extremadamente estricto que incluye este tipo de confinamiento masivo como parte de su estrategia contra el crimen organizado. Sin embargo, el hecho de que las familias aseguren que entre los deportados hay personas inocentes ha generado preocupación entre activistas y defensores de los derechos humanos.

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada para justificar estas deportaciones, fue originalmente promulgada durante el mandato de John Adams, convirtiéndose en una de las normativas más antiguas aún vigentes aplicadas en el contexto de asuntos migratorios.