Nicolás Maduro anunció que Venezuela se está preparando para una ofensiva armada en conjunto con Cuba y Nicaragua, en respuesta a posibles intervenciones extranjeras. Esta declaración se realizó durante el cierre del segundo encuentro del Festival Mundial de la Internacional Antifascista. Maduro enfatizó su disposición y la de sus aliados para defender la soberanía y la paz de su nación.
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La advertencia de Maduro fue una respuesta directa a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes solicitaron una intervención internacional en Venezuela para facilitar una transición a la democracia. Maduro invitó a Uribe a "venir tú al frente de la tropa. Te espero en el campo de batalla", subrayando su postura desafiante.
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El 10 de enero marcó el inicio del tercer mandato de Maduro, un evento que se ha visto envuelto en controversias debido a que no presentó pruebas de su victoria electoral. La oposición asegura tener evidencia suficiente para respaldar la victoria de Edmundo González Urrutia con un amplio margen de votos, un hecho que ha colocado al actual gobierno en una crisis de legitimidad.
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La escena política en Venezuela ha estado caracterizada por un aumento en la retórica y acciones del chavismo, exacerbadas por una percepción creciente de conspiraciones y traiciones. En una cadena nacional de radio y televisión, se llevaron a cabo actos de reafirmación de lealtades de la Fuerza Armada Nacional, con la lectura de proclamas de apoyo de jefes de unidad y la exhibición de formaciones de uniformados y equipos militares como muestra de fuerza.
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Maduro también ha denunciado una guerra psicológica dirigida por sus enemigos, respondiendo con una intensiva campaña de propaganda militar. Según la ONG Foro Penal, en los primeros días de 2025 se registraron más de 75 arrestos de dirigentes políticos. El gobierno ha acusado a la oposición de planear acciones terroristas, y el Parlamento, controlado por Maduro, aprobó la Ley Simón Bolívar. Esta legislación establece severas penas de cárcel, multas, inhabilitación política perpetua e incluso la enajenación de bienes para quienes promuevan mensajes contrarios a la seguridad nacional y los intereses de la nación.
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Este contexto de intensificación de medidas represivas se produce en medio de la cuestionada legitimidad del gobierno de Maduro, haciendo eco de una era de crisis política y social en Venezuela.