El escenario político en Venezuela se torna cada vez más volátil a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 28 de julio. Nicolás Maduro, buscando asegurar su permanencia en el poder, ha recrudecido las tácticas de represión contra figuras opositoras clave. Recientemente, dos colaboradores cercanos a María Corina Machado, la principal figura de la oposición, fueron detenidos por el servicio de inteligencia venezolano, señal de una estrategia gubernamental para debilitar la disidencia. Estos actos represivos se enmarcan en un contexto de acusaciones y detenciones bajo cargos de conspiración y terrorismo, a menudo con pruebas cuestionables, lo que evidencia una tendencia hacia la persecución política.

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Las acciones del gobierno han generado una alarma internacional y han puesto en relieve la fragilidad del proceso democrático en el país. Con Machado y otros miembros de su partido, Vente Venezuela, bajo una intensa presión, se observa un intento por parte del régimen de Maduro de neutralizar la competencia electoral antes de que esta tenga lugar. La inhabilitación política de Machado, confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo, y la detención de sus aliados son percibidos como maniobras para asegurar la reelección de Maduro sin una verdadera contienda democrática.