Nicolás Maduro presidió una reunión del Consejo de Estado y del Consejo de Defensa Nacional. Durante el encuentro, se discutió la implementación de un nuevo marco legal que permitiría la creación de una "Comisión Nacional contra el Fascismo", además de un aumento en el control sobre las redes sociales. Esta iniciativa ocurre en medio de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por denuncias de irregularidades realizadas tanto por la oposición como por organismos internacionales.
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la reunión, criticó a los expertos de la ONU que están preparando un informe sobre las elecciones, calificándolos de faltos de integridad. Además, Rodríguez sugirió que se deben reformar las leyes electorales para prohibir la intervención de observadores internacionales. En línea con estas propuestas, confirmó la reactivación de la discusión sobre la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, que busca aumentar el control sobre dichas entidades.
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Maduro, quien se autoproclamó ganador de las elecciones, afirmó que la oposición es una extensión de la extrema derecha. En su discurso, hizo un llamado a la creación de leyes que combatan lo que él llamó "ciberfascismo", subrayando la necesidad de mantener la paz en el país y advirtiendo sobre la intolerancia hacia cualquier intento de desestabilización por parte de la oposición.
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Tarek William Saab, Fiscal General, también intervino en la reunión, señalando que desde las elecciones se han registrado 25 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos; hechos que, según Saab, forman parte de una escalada golpista financiada por Estados Unidos. Saab argumentó que la justicia es la respuesta más adecuada a los delitos de odio que se difunden a través de las redes sociales.
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Este giro representa un cambio notable en la postura del chavismo respecto a las redes sociales, que hasta ahora habían sido usadas principalmente como herramientas de propaganda política. La propuesta de incrementar el control sobre estas plataformas se percibe como un intento de silenciar la disidencia en un escenario donde las redes sociales se han convertido en uno de los pocos espacios de debate público en Venezuela.