La situación actual de la Fiscalía General de la Nación de Colombia se encuentra en un punto crítico, marcado por la controversia en torno a Martha Janeth Mancera, quien asumirá el cargo de fiscal encargada ante la incapacidad de la Corte Suprema de Justicia de elegir un nuevo fiscal general. Este escenario surge tras el proceso de selección en el que los 23 magistrados de la Corte no alcanzaron la mayoría necesaria para nombrar entre las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro. La transición de poder a Mancera ha generado inquietud entre diversos sectores de la sociedad colombiana, incluidos sindicatos y organizaciones que cuestionan su idoneidad para el cargo debido a su estrecha relación con el saliente fiscal Francisco Barbosa y su firme oposición al gobierno de Petro.

Mancera, quien ha sido la mano derecha de Barbosa durante su mandato, enfrenta graves acusaciones de encubrimiento y protección a Francisco Javier Martínez, exdirector del CTI en Buenaventura, vinculado con redes de narcotráfico y tráfico de armas. Estas acusaciones se basan en investigaciones periodísticas y testimonios que sugieren que Mancera estaba al tanto de las actividades ilícitas de Martínez y optó por no investigarlo. Este panorama plantea serias dudas sobre la transparencia y la integridad de la Fiscalía bajo su liderazgo provisional.

El caso de Martínez, alias "Pacho" o "Pacho malo", destaca por su presunta implicación en la facilitación del tráfico de cocaína a través del puerto de Buenaventura, uno de los más importantes para el narcotráfico en Colombia. Según los informes, Martínez habría liderado operaciones para contaminar buques destinados a transportar cocaína hacia destinos internacionales, lo que subraya la gravedad de las acusaciones contra Mancera por no actuar ante evidencias claras de corrupción y complicidad dentro de la institución que ahora está encargada de liderar.

La defensa de Mancera, liderada por el abogado Juan David Bazzani, argumenta que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política, intentando desacreditar su larga carrera en la justicia colombiana. Sin embargo, la preocupación no solo radica en las acusaciones específicas, sino también en el impacto que este caso podría tener en la percepción pública de la Fiscalía. La demanda por una Fiscalía imparcial, eficiente y transparente es más fuerte que nunca, especialmente en un momento en que Colombia enfrenta desafíos significativos en materia de justicia y lucha contra la corrupción.