En un oscuro giro de acontecimientos, aproximadamente 300 colombianos han sido reclutados para combatir en la guerra civil de Sudán, específicamente para las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La mayoría de estos individuos fueron engañados, creyendo inicialmente que iban a trabajar como vigilantes en Dubái.
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Recientemente, la situación se tornó aún más trágica cuando más de 20 colombianos murieron en un ataque de drones suicidas en la región de Darfur, según informó el ejército sudanés. Este conflicto, que ha desbordado en una crisis humanitaria severa, ha resultado en más de 20,000 muertes reportadas por la ONU, aunque otras investigaciones sugieren que esta cifra podría llegar a los 60,000. Además, más de 10 millones de personas han sido desplazadas forzosamente.
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El reclutamiento de estos mercenarios se lleva a cabo principalmente a través de pequeñas empresas de seguridad privada administradas por exmilitares, que ofrecen salarios significativamente más altos que las pensiones locales, prometiendo varios miles de dólares por trabajos de corto plazo.
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En respuesta a estos eventos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado enérgicamente esta práctica y ha llamado a prohibirla y penalizar a los responsables. "Esta práctica debe ser prohibida y los responsables penalizados", declaró Petro. Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo ha expresado su profunda preocupación por la participación de colombianos en el conflicto y se comprometió a trabajar para garantizar el retorno seguro de los ciudadanos que aún están en combate.
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El gobierno colombiano ha tomado medidas para abordar este grave problema, impulsando un proyecto de ley que busca ilegalizar las organizaciones que reclutan a militares retirados, en línea con la convención de la ONU de 1989 que prohíbe el reclutamiento de mercenarios.
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Aunque Sudán es el foco actual, la participación de exmilitares colombianos en conflictos internacionales no es un fenómeno nuevo. Han estado involucrados en otros conflictos en Yemen, Irak y Afganistán. Un caso particularmente reconocido fue el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, donde se implicó a varios exmilitares colombianos.
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El reclutamiento de mercenarios no solo pone en peligro la vida de los contratados, sino que también exacerba las crisis humanitarias en las regiones afectadas, añade tensiones diplomáticas y viola las normas internacionales. La propuesta de ley colombiana representa un paso crítico hacia la protección de sus ciudadanos y el cumplimiento de compromisos internacionales.