El 11 de septiembre de 2024, el Senado de México aprobó una reforma judicial que establece la elección popular de todos los jueces y magistrados del país, incluidos los miembros de la Suprema Corte. Esta transformación convierte a México en el primer país en implementar un sistema de este tipo y comenzará a aplicarse a partir de 2025. La iniciativa fue liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la "Cuarta Transformación" de su gobierno.
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A partir del próximo año, los jueces y magistrados federales, así como los miembros de la Suprema Corte, serán elegidos en elecciones extraordinarias que se realizarán en 2025 y 2027. Estos candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de manera paritaria. Hasta la fecha, los ministros de la Suprema Corte eran designados por el presidente y ratificados por el Senado.
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La reforma también modifica la estructura de la Suprema Corte, reduciendo el número de ministros de 11 a 9 integrantes y acortando sus mandatos de 15 a 12 años. Además, se elimina la pensión vitalicia para los ministros una vez concluido su período y se establece que sus salarios no superarán el del presidente.
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Se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, creando un nuevo órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de evaluar el desempeño de los jueces y remitir casos criminales a la Fiscalía.
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La reforma fue aprobada en el Senado con 86 votos a favor y 41 en contra, tras un debate que se prolongó por unas 12 horas. La votación obtuvo el apoyo del senador opositor Miguel Ángel Yunes del Partido Acción Nacional (PAN). La Cámara de Diputados había dado su visto bueno previamente.
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La iniciativa ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Argumentan que socava la independencia judicial y podría aumentar la corrupción y el control del narcotráfico en el sistema judicial. La embajada de Estados Unidos en México calificó la reforma como un “riesgo mayor” para la democracia.
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Para que la reforma sea efectiva, debe ser ratificada por al menos 17 de las 32 legislaturas estatales, algo considerado probable debido al control del partido Morena en estos congresos.
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Esta reforma se considera un legado clave de López Obrador antes de la transmisión del poder a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, el 1 de octubre de 2024.