La Contraloría General de la República de Colombia dictaminó una sanción de 87.027 millones de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados. Esta multa responde a múltiples irregularidades y Omisiones en la ejecución de un contrato destinado a proporcionar internet en zonas rurales del país. El contrato, firmado en 2020 con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC) del Ministerio de las TIC, no cumplió con los objetivos planteados durante la administración de Iván Duque.
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El principal propósito del contrato era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos de Colombia, enfocados en brindar acceso gratuito a internet en comunidades vulnerables. No obstante, la Contraloría calificó la gestión del proyecto como “ineficaz, ineficiente e inoportuna”, destacando que los equipos necesarios para la operación nunca fueron entregados, lo cual paralizó el avance del proyecto.
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Otro de los hallazgos más relevantes fue la presentación de una garantía bancaria falsa por parte de la Unión Temporal, lo que permitió el desembolso injustificado de un anticipo de 70.000 millones de pesos. Este dinero nunca fue justificado ni retornado al Estado, configurando un grave perjuicio al patrimonio público.
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Diversas empresas conformaban la Unión Temporal sancionada, entre ellas la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S., y Omega Building Constructora S.A.S. Además, fueron señalados directamente Luis Fernando Duque Torres, como representante legal de la Unión Temporal, y Juan Carlos Cáceres Bayona, proveedor de equipos.
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En cuanto a la interventoría del proyecto, el consorcio PE2020 C Digitales, representado por Paola Izquierdo Rivera, también fue sancionado por permitir pagos sin verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales.
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Por otro lado, varios funcionarios del Ministerio de las TIC fueron exonerados de responsabilidad. Entre ellos, Adriana Meza, representante legal delegada de FUNTIC, quien no habría sido informada de los incumplimientos; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, quien siguió los procedimientos requeridos; y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, supervisor del contrato, que no participó en la aprobación de órdenes de pago.
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Este fallo de primera instancia puede ser apelado, y aunque se ha fijado una multa significativa, existe la posibilidad de que las empresas involucradas no tengan la capacidad financiera para cubrirla, lo que podría derivar en embargos. No obstante, la Contraloría ha manifestado que el Estado podría recuperar más de los 70.000 millones de pesos inicialmente perdidos debido a este incumplimiento contractual.
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Este caso se destaca como uno de los mayores escándalos de corrupción durante el gobierno de Iván Duque, lo que provocó que la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, enfrentara una moción de censura y, eventualmente, renunciara a su cargo. La Unión Temporal Centros Poblados es un consorcio conformado específicamente para este contrato, y su incumplimiento ha destapado uno de los mayores casos de corrupción en el sector de las TIC en Colombia.