Desde el año 2006, la Universidad Nacional de Colombia ha sido el foco de una controversia significativa debido a la creación de negocios paralelos dirigidos por la exrectora Dolly Montoya y otros altos directivos. Durante este período, se han establecido 18 corporaciones vinculadas a la Universidad con el objetivo de tercerizar la contratación de la institución. Estas entidades, que manejan recursos públicos, han operado de manera cuestionable y poco transparente, despertando preocupaciones en la comunidad académica. Una de las empresas más destacadas es Rotorr - Motor de Innovación, fundada en marzo de 2023 con un capital inicial de 1.000 millones de pesos. En su primer año de operaciones, Rotorr logró asegurar contratos por un valor de aproximadamente 170.000 millones de pesos, lo que ha encendido alarmas respecto a la legalidad y ética de estas transacciones.
En el caso específico de Rotorr - Motor de Innovación, los datos evidencian un volumen considerable de recursos financieros manejados en su primer año de operación. Según informes, Rotorr obtuvo ingresos por 80.229 millones de pesos en 2023, de los cuales tuvo costos de operación por 77.380 millones de pesos, generando una utilidad neta de 2.128 millones de pesos. Además, Rotorr firmó convenios valorados en 90.000 millones de pesos con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín, sin especificar el propósito de dichos convenios. Estos números han suscitado cuestionamientos sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos asignados.
El caso de la exrectora Dolly Montoya es otro elemento que ha exacerbado la inquietud dentro de la comunidad universitaria. En el año 2023, Montoya recibió alrededor de 250 millones de pesos por concepto de viáticos. Otros directivos, como José Ismael Peña y el profesor Diego Torres, también han sido recipientes de pagos significativos en viáticos en años recientes. Estos desembolsos se han producido en un contexto de crisis económica para muchos estudiantes de la Universidad, lo que ha generado un sentimiento generalizado de descontento y llamados a una mayor transparencia en la gestión de los recursos.