Según información revelada por diversas fuentes, la Fiscalía General ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia la investigación de nueve congresistas por su presunta participación en un caso de corrupción que involucra contrataciones irregulares en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La lista de legisladores implicados incluye a Juan Diego Muñoz Cabrera, representante del Partido Verde; Liliana Esther Bitar Castilla, senadora del Partido Conservador; Karen Astrith Manrique Olarte, representante por Arauca; Julián Peinado Ramírez, representante del Partido Liberal; Juan Pablo Gallo Maya, senador del Partido Liberal; Iván Leonidas Name Vásquez, senador de la Alianza Verde; Julio Elías Chagüi Flórez, senador del Partido de La U; Wadith Alberto Manzur Imbett, representante del Partido Conservador; y Andrés David Calle Aguas, representante del Partido Liberal.

La investigación se centra en presuntas actuaciones ilegales en los procesos contractuales de la UNGRD, institución encargada de la gestión de desastres en el país. Uno de los puntos críticos de la investigación es la adquisición de 40 carrotanques con sobrecostos que superan los 7.700 millones de pesos, lo que ha generado una importante controversia pública.
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Este grupo de nueve congresistas se suma a otros altos funcionarios previamente implicados en el mismo escándalo, incluidos el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, entre otros representantes. La Fiscalía ha anunciado que solicitará la imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra exdirectivos de la UNGRD relacionados con estas actuaciones supuestamente irregulares.

Las contrataciones irregulares revelan una problemática de corrupción sistemática dentro de la UNGRD, lo que ha generado críticas en diversos sectores de la sociedad. Las investigaciones, que están en manos de la Corte Suprema de Justicia debido a la calidad de los investigados, buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En este contexto, la Fiscalía ha hecho énfasis en la necesidad de que la justicia actúe de manera transparente y eficaz para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La intervención de la Corte Suprema será decisiva para el avance del caso y la eventual sanción de los responsables.

Las revelaciones de estos hechos han sacudido a la opinión pública y han puesto en entredicho la actuación de varios miembros del Congreso, subrayando la importancia de la lucha contra la corrupción en todas las esferas del gobierno.