El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanzó duras críticas contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) celebrada el 26 de agosto de 2024. Ortega acusó a Lula de corrupto y de no respetar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas del 28 de julio, las cuales han sido objeto de acusaciones de fraude.
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Las relaciones entre Nicaragua y Brasil se encuentran en uno de sus puntos más bajos después de que ambos países retiraran sus embajadores. La tensión comenzó cuando Nicaragua expulsó al embajador brasileño por no asistir a la conmemoración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista el pasado 19 de julio.
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Ortega arremetió contra Lula, llamándolo "arrastrado" y sugiriendo que el mandatario brasileño busca convertirse en el delegado de Estados Unidos en América Latina. Además, criticó los intentos de Lula por mediar en la crisis nicaragüense y lo acusó de ignorar sus comunicaciones sobre el obispo Rolando Álvarez, quien recibió una condena de 26 años de prisión.
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En un gesto de apoyo a su aliado venezolano, Ortega ofreció enviar "combatientes sandinistas" para respaldar al Ejército de Venezuela en caso de enfrentarse a una "contrarrevolución armada". Ortega advirtió que un conflicto así podría superar la magnitud de la Revolución Sandinista de 1979 y que podría involucrar a fuerzas externas como el Ejército de Colombia y a narcotraficantes.
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a las declaraciones de Ortega, cuestionando su uso del término "arrastrado" y defendiendo su postura de promover una solución pacífica y democrática para Venezuela. Petro puntualizó que, a diferencia de Ortega, él no violaba los derechos humanos en su país, haciendo alusión a la represión en Nicaragua.
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El régimen de Ortega ha sido ampliamente criticado por su represión, que desde las protestas de 2018 ha dejado más de 300 muertos y miles de heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó recientemente la orden de Ortega de cerrar 1,500 organizaciones de la sociedad civil y 700 religiosas, lo que ha intensificado la represión en Nicaragua.
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Las tensiones entre estos líderes latinoamericanos reflejan divisiones profundas en la región respecto a la política y los derechos humanos. Las acusaciones mutuas y las respuestas defensivas subrayan la complejidad y la polarización existente en América Latina. La situación en Venezuela sigue siendo un punto crítico en la política regional, con actores clave posicionándose de una manera que podría tener repercusiones a largo plazo.