El parlamento de Corea del Sur tomó una decisión trascendental el 14 de diciembre de 2024, al votar para destituir al presidente Yoon Suk Yeol, con una contundente mayoría de 204 votos a favor frente a 85 en contra, además de 3 abstenciones y 8 votos nulos. Este desenlace se produce 11 días después de que Yoon declarara la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, en un intento por sofocar la oposición política, provocando una crisis significativa que resonó en todo el país.
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La Asamblea Nacional de Corea del Sur, compuesta por 300 asientos, necesitaba al menos 200 votos, es decir, una mayoría de dos tercios, para aprobar la destitución. A pesar de que el Partido del Poder Popular (PPP) controla 112 escaños, 12 de sus miembros votaron a favor de la destitución, lo cual fue crucial para alcanzar la mayoría necesaria.
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La declaración de ley marcial de Yoon fue anulada rápidamente por el parlamento en una votación de emergencia, levantando la medida en solo seis horas. Esta serie de eventos desencadenó una serie de protestas masivas alrededor del edificio parlamentario, con aproximadamente 200,000 manifestantes demandando el fin del mandato de Yoon y celebrando con luces de K-pop al conocer el resultado.
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La popularidad del presidente había caído al 11%, el nivel más bajo desde que asumió el cargo en mayo de 2022, debido a diversas controversias y la reciente imposición de la ley marcial. En el contexto legal, Yoon enfrenta investigaciones por insurrección y abuso de poder y ha sido impedido de salir del país mientras se desarrollan estas investigaciones.
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Tras la votación, Yoon fue suspendido de sus funciones, y el primer ministro Han Duck-soo asumió el rol de presidente interino. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene ahora hasta 180 días para decidir sobre la validez de la destitución. En caso de confirmar la destitución, se convocará una elección presidencial en un plazo de 60 días.
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Aunque la decisión de destituir a Yoon cuenta con un amplio apoyo popular, también ha desencadenado protestas por parte de sus seguidores, quienes expresaron su descontento con la decisión parlamentaria.
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En el ámbito internacional, los aliados de Corea del Sur han seguido de cerca estos acontecimientos. El embajador de EE. UU. en Corea del Sur expresó su apoyo al proceso democrático en curso. Por su parte, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, aseguró que la relación entre Japón y Corea del Sur no se verá afectada por la crisis política.
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Esta destitución es particularmente significativa, ya que marca la segunda vez en menos de una década que un mandatario surcoreano enfrenta un proceso de destitución, tras la destitución de Park Geun-hye en 2017. La situación subraya las tensiones políticas y el compromiso de Corea del Sur con la democracia y el estado de derecho.