El 22 de enero de 2025, el Pentágono informó acerca del despliegue de 1,500 soldados adicionales en la frontera sur de Estados Unidos, en virtud de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, tras declarar una emergencia nacional en la frontera con México. Con este despliegue, la presencia de tropas en la región ha aumentado un 60% desde el inicio de la administración Trump.
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Los 1,500 soldados activos están compuestos por 1,000 miembros del Ejército y 500 Marines. Entre los objetivos del despliegue se encuentran la provisión de seguridad adicional para evitar cruces ilegales y tráfico ilícito, la construcción de barreras temporales y permanentes en la frontera, el apoyo en vuelos para la deportación de más de 5,000 inmigrantes irregulares detenidos en San Diego, California, y El Paso, Texas, y la provisión de inteligencia y análisis para mejorar la detección y supervisión en la frontera.
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Además, se ha dispuesto el envío de helicópteros UH-72 Lakota para brindar apoyo a la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Defensa (DOD) también proporcionará aviones de transporte, incluyendo dos C-130 Hercules y dos C-17 Globemaster, para facilitar las deportaciones.
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El contexto de estas órdenes ejecutivas de Trump incluye medidas para sellar la frontera y limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento, generando controversia y posibles acciones legales por parte de grupos de derechos civiles. La administración ha dejado claro que investigará a cualquier funcionario que no implemente estas medidas de manera efectiva.
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La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) ha declarado que tomará acciones legales si se abusa del uso de tropas en funciones civiles, un aspecto que ha sido históricamente controvertido y limitado por la ley Posse Comitatus. La administración también ha suspendido vuelos para cerca de 10,000 refugiados de países como Afganistán, Siria y Myanmar, tras la suspensión de admisiones de solicitantes de asilo.

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Este despliegue es parte de una serie de medidas más amplias que Trump ha prometido para abordar la inmigración ilegal, incluyendo la posibilidad de que los soldados en la frontera asuman funciones de policía civil, algo que ha sido tradicionalmente restringido.