El líder opositor Aleksei A. Navalny, quien llegó a movilizar a decenas de miles de rusos contra el Kremlin, murió hace un año en una prisión ubicada más allá del Círculo Polar Ártico. Sin embargo, a pesar de su fallecimiento, las autoridades rusas han mantenido una intensa persecución hacia quienes tuvieron algún vínculo con él o su organización, el Fondo Anticorrupción, calificado como grupo extremista por el gobierno de Vladimir V. Putin.
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En los últimos meses, los mecanismos de represión han alcanzado a una amplia variedad de objetivos. Konstantin A. Kotov, un activista que realizó donaciones de 500 rublos (aproximadamente 5 dólares) al fondo en 2021, fue arrestado por las autoridades, quienes también confiscaron objetos relacionados con Navalny en su hogar. Aunque inicialmente fue puesto bajo arresto domiciliario, Kotov huyó a Lituania por temor a ser encarcelado nuevamente.
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Casos similares han incluido donantes como el cirujano cardíaco Ivan S. Tishchenko, condenado a cuatro años de prisión por haber contribuido 3.500 rublos (cerca de 35 dólares) al Fondo Anticorrupción antes de que se le declarara extremista en 2021. Asimismo, la represión ha llevado a la cárcel a abogados y periodistas que trabajaron o informaron sobre Navalny, destacando el caso de Antonina Favorskaya, acusada de “participar en una organización extremista” por filmar el último video del opositor antes de su muerte.
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En diciembre, un tribunal ruso condenó a tres abogados vinculados a Navalny a penas de hasta cinco años y medio de prisión. Las acusaciones se basaron en el hecho de que transmitían correspondencia del político encarcelado a sus aliados, tarea que insistieron formaba parte de su labor legal habitual. Por otra parte, al menos 15 personas han sido procesadas por financiar al Fondo Anticorrupción, algunos con donaciones tan pequeñas como 3 dólares.
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La persecución no se limita a ciudadanos individuales. Según Andrei Soldatov, expertos del FSB, el servicio de inteligencia interna de Rusia, consideran que el movimiento legado por Navalny representa una amenaza similar a la de los bolcheviques a la monarquía rusa antes de la Revolución de 1917. Esta comparación refleja la visión del Kremlin de que cualquier disidencia organizada podría desestabilizar al régimen.

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Periodistas que informaron sobre los últimos días de Navalny o sobre las audiencias judiciales relacionadas con él también han sido arrestados o están a la espera de juicio. Cuatro de ellos enfrentan cargos por cubrir y transmitir contenido sobre el opositor. Hasta el momento, los veredictos en sus casos no han sido emitidos.

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En su esfuerzo por acallar la disidencia, el Kremlin también ha impedido el avance de las protestas masivas mediante la aplicación de estrictas leyes contra reuniones y manifestaciones no autorizadas desde 2019. Estas legislaciones tuvieron un impacto significativo en el movimiento opositor ruso, que se debilitó aún más con la invasión de Ucrania en 2022.
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Aunque la represión ha obligado a muchos aliados de Navalny a huir al extranjero, quienes permanecen dentro del país enfrentan constantes amenazas y son frecuentemente convertidos en ejemplos para desalentar cualquier tipo de apoyo al movimiento.