La iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, propuesta por el presidente Gustavo Petro, ha generado un amplio debate en el panorama político nacional. Durante un discurso en Cali, Petro planteó la idea de esta asamblea como una solución a los obstáculos encontrados en la implementación de sus reformas en el Congreso. Los temas prioritarios que el presidente desea abordar incluyen la efectiva implementación del Acuerdo de Paz de 2016, una necesaria reforma judicial, un reordenamiento territorial, garantías de condiciones básicas de vida, políticas frente al cambio climático, y el diálogo para el fin de la violencia y la reconciliación nacional.

Petro asegura que su propuesta no busca cambiar la Constitución de 1991 por completo ni prolongar su mandato, sino modificar aspectos específicos para mejorar la gobernabilidad y la justicia social en Colombia. Argumenta que después de más de tres décadas desde la Constitución actual, es crucial que el pueblo, a través de un proceso constituyente, aborde y resuelva problemas fundamentales que han frenado el desarrollo del país. Este enfoque refleja una visión de un gobierno que busca una participación ciudadana más activa en la toma de decisiones políticas y reformas estructurales.

Entre los temas propuestos, el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz con las FARC resalta como una prioridad, enfocándose en la reforma agraria y la solución a problemas de drogas ilícitas, que han sido puntos críticos en la historia reciente de Colombia. Además, Petro aboga por garantizar condiciones básicas de existencia para toda la población, incluyendo acceso a servicios esenciales como salud, educación y agua potable, enfatizando una distribución más equitativa de los recursos y la inversión pública.

La reforma judicial propuesta busca acercar el sistema judicial al ciudadano, promoviendo la imparcialidad, independencia y centrando la justicia en la verdad y la reparación. Este cambio aspira a combatir la corrupción y fortalecer la confianza pública en las instituciones judiciales. A su vez, el reordenamiento territorial se visualiza como una estrategia para incluir a regiones y comunidades marginadas, asegurando su participación en el desarrollo nacional y superando las desigualdades territoriales existentes.