Polémica en Perú: Gobierno Clasifica a Personas Trans como Enfermos Mentales

"Esta medida no solo es retrógrada, sino que perpetúa la discriminación y el estigma contra una comunidad ya vulnerable."

- Congresista Robert García

15/5/2024

El reciente decreto del Ministerio de Salud de Perú que clasifica a las personas trans como enfermos mentales ha generado una ola de críticas y protestas. La medida, que incluye a la transexualidad y el travestismo de doble rol como enfermedades mentales, busca justificar la necesidad de tratamiento psicológico para estas personas. Sin embargo, esta clasificación ha sido ampliamente condenada por su impacto negativo en la lucha por los derechos LGBTIQ+ y la igualdad de género en el país.

Diversos grupos de derechos humanos y activistas LGBTIQ+ han denunciado que esta medida representa un retroceso significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas trans. Argumentan que clasificar la identidad de género como una enfermedad mental perpetúa el estigma y la discriminación, socavando la dignidad y el respeto hacia estas personas. Además, subrayan que la decisión del gobierno contradice las recomendaciones de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde 2019 dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental.

El impacto de esta medida se extiende más allá de las fronteras peruanas, atrayendo la atención y la condena de la comunidad internacional. El congresista peruano-estadounidense Robert García ha calificado la decisión como "discriminatoria y peligrosa", haciendo un llamado a priorizar los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad en lugar de atacar a las personas trans. García y otros críticos internacionales insisten en que esta clasificación es una violación de los derechos humanos y una afrenta a los avances logrados en la inclusión y el respeto a la diversidad de género.

La respuesta de las organizaciones internacionales de derechos humanos ha sido igualmente contundente. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han emitido comunicados instando al gobierno peruano a revertir la medida y adoptar políticas que respeten y protejan los derechos de las personas trans. Estas organizaciones destacan que la clasificación de la transexualidad como una enfermedad mental no solo es científicamente incorrecta, sino que también refuerza prejuicios y prácticas discriminatorias que afectan gravemente la salud mental y el bienestar de la comunidad trans.

Algo Curioso

El término "disforia de género", que solía ser clasificado como un trastorno mental, fue eliminado de la lista de enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019, en un esfuerzo por despatologizar la identidad de género y promover la aceptación y el respeto hacia las personas trans.

Impacto Nacional e Internacional

El decreto del Ministerio de Salud peruano no solo ha generado rechazo en la comunidad LGBTIQ+, sino también en el ámbito político y entre activistas de derechos humanos. En el Congreso peruano, varios legisladores de la oposición han solicitado la derogación inmediata del decreto, argumentando que este se basa en clasificaciones obsoletas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ya no se consideran válidas. Estos legisladores han enfatizado la necesidad de políticas inclusivas que respeten la identidad de género de todos los ciudadanos, sin estigmatizarlos ni discriminarlos.

En el ámbito internacional, las reacciones han sido igualmente contundentes. El congresista estadounidense Robert García, de origen peruano, ha sido una de las voces más críticas, destacando que la clasificación de las personas trans como enfermos mentales es "discriminatoria y peligrosa". García ha instado al gobierno peruano a centrarse en los problemas reales que afectan a la población en lugar de atacar a una comunidad vulnerable. Además, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado la medida y solicitado su revocación inmediata, argumentando que viola los derechos humanos fundamentales y contradice las directrices internacionales sobre salud mental y derechos LGBTIQ+.

La polémica ha puesto en el centro del debate la necesidad de actualizar las políticas públicas en materia de salud y derechos humanos en Perú. Activistas y defensores de los derechos LGBTIQ+ han señalado que la clasificación del gobierno no solo perpetúa la discriminación, sino que también impide el acceso adecuado a servicios de salud para las personas trans. Esto se debe a que, al ser considerados "enfermos mentales", pueden ser sujetos a tratamientos no deseados o no necesarios, en lugar de recibir el apoyo y el reconocimiento de su identidad de género.

La respuesta de la sociedad civil ha sido igualmente vigorosa. Varias organizaciones peruanas han organizado protestas y campañas de concienciación para visibilizar el impacto negativo de la medida y promover la aceptación y el respeto hacia las personas trans. Estas iniciativas buscan educar a la población sobre la diversidad de género y combatir los prejuicios y estigmas que aún persisten en la sociedad peruana. Asimismo, han destacado la importancia de alinear las políticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas.

Consecuencias y Llamados a la Acción

Las repercusiones del decreto emitido por el Ministerio de Salud peruano han sido inmediatas y extensas. Entre las consecuencias más notables se encuentra la condena de organismos internacionales de derechos humanos, así como la respuesta unánime de varias ONG que defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Estas organizaciones han señalado que la clasificación de la transexualidad como una enfermedad mental no solo es científicamente inexacta, sino que también contribuye a la perpetuación de prejuicios y discriminación en todos los ámbitos de la vida diaria.

En términos concretos, el decreto puede tener un impacto significativo en el acceso a servicios de salud y a derechos fundamentales para las personas trans en Perú. Al ser etiquetadas oficialmente como enfermas mentales, estas personas podrían enfrentar mayores barreras para recibir atención médica adecuada y respetuosa. Además, esta clasificación podría ser utilizada para justificar la discriminación en otros sectores, como el empleo y la educación, exacerbando las dificultades ya existentes para esta comunidad marginada.