El Congreso de la República del Perú aprobó el 14 de marzo de 2025 una controvertida legislación conocida como la ley anti-ONG. El proceso de votación resultó en 81 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. La medida establece importantes restricciones hacia la labor de las organizaciones de la sociedad civil en el país, especialmente aquellas enfocadas en derechos humanos y justicia. Entre sus disposiciones figura la imposición de severas penalizaciones hacia las ONG que emprendan o respalden acciones legales contra el Estado.

De acuerdo con los lineamientos de la ley, financiar actividades que sean consideradas como una amenaza al orden público o la seguridad nacional se considera una infracción grave. Además, se estipula una multa de hasta 500,000 dólares para las organizaciones que participen en procesos administrativos o judiciales en contra del gobierno, tanto en instancias nacionales como internacionales.

La normativa también refuerza los poderes de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), responsable de supervisar los fondos provenientes de ayuda internacional. Este fortalecimiento ha suscitado preocupación sobre el posible impacto en la independencia operativa de las ONG, que, desde hace más de dos décadas, reportan a esta entidad.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado la ley como un “retroceso democrático” al limitar la capacidad de las ONG para brindar acceso a la justicia a las víctimas de abusos estatales. En ese sentido, Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, destacó que esta medida podría provocar consecuencias "devastadoras" al obstaculizar la representación legal de personas vulnerables, principalmente quienes son atendidas por dichas organizaciones. Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental, subrayó que las ONG han cumplido por años con regulaciones similares, pero enfatizó que las nuevas disposiciones amenazan derechos fundamentales.

En el plano internacional, entidades y activistas externaron su preocupación señalando que la nueva legislación podría contradecir estándares universales de derechos humanos, comparándola incluso con las leyes de amnistía de 1995 que fueron declaradas inconstitucionales por obstaculizar el acceso a la justicia.

El contexto político de esta decisión legislativa coincide con niveles récord de desaprobación hacia las autoridades peruanas. Tanto el Congreso como la presidenta Dina Boluarte registran menos del 5% de aprobación ciudadana, según recientes encuestas. Cabe recordar que el mandato de Boluarte está marcado por acusaciones de corrupción y por su presunta implicación en la gestión de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, las cuales dejaron un saldo de cerca de 50 fallecidos.

La ley ha generado amplio rechazo entre distintos sectores de la sociedad y la comunidad internacional. Activistas advierten sobre el riesgo de restringir derechos fundamentales y denuncian que esta iniciativa podría servir para silenciar críticas al gobierno, debilitando avances en la protección de derechos humanos en el país.

Este panorama ha motivado llamados entre diversas organizaciones globales para garantizar la independencia, el funcionamiento pleno de las ONG y la protección de las personas afectadas por violaciones a los derechos en Perú.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional, creada en 2001, ya había ejercido supervisión sobre las ONG por más de dos décadas antes de la aprobación de esta nueva legislación, pero sin restricciones de tal magnitud como las planteadas por esta normativa.