El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, José Fernando Reyes, ha tenido que enfrentar accesos restringidos a medicamentos que le fueron prescritos. A pesar de estar afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) con medicina prepagada desde 1997, ha tenido que recurrir a la intervención de la justicia para gestionar sus tratamientos. En los últimos tres meses, Reyes ha interpuesto dos tutelas debido a la negativa de su EPS de proporcionarle los medicamentos necesarios.
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En una reciente entrevista, Reyes destacó que su caso no es único. De hecho, informó que entre 60,000 y 90,000 tutelas relacionadas con temas de salud se presentan mensualmente ante la Corte Constitucional, reflejando la alta demanda de servicios judiciales para garantizar el derecho a la salud en Colombia. Esta situación, según Reyes, es una muestra de las deficiencias estructurales del sistema.
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La problemática trasciende el caso de Reyes. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, la asociación que agrupa a las EPS del país, explicó que la falta de medicamentos en Colombia responde a varios factores. Entre ellos, mencionó los retrasos en los trámites de la Agencia Sanitaria, la falta de comunicación efectiva entre laboratorios y EPS, y la insuficiencia de recursos económicos para abastecer la demanda.
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Reyes insistió en que su experiencia debe servir como una llamada de atención para abordar los fallos del sistema de salud que afectan a millones de colombianos. Según el presidente de la Corte Constitucional, la ineficiencia en la provisión de medicamentos y servicios no sólo atenta contra la salud de los ciudadanos, sino también contra su dignidad y derechos fundamentales.
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Por su parte, Vesga llamó a una colaboración más efectiva entre todos los actores del sistema de salud y a una revisión exhaustiva de las políticas de financiación y gestión de recursos para evitar estos problemas recurrentes.