La medida, anunciada en la conmemoración del aniversario del comando general de las fuerzas militares, busca un respiro para los embalses, fundamentalmente los que abastecen a Bogotá. Con la declaración del día cívico, se espera que los ciudadanos y las instituciones disminuyan significativamente el consumo de agua y energía eléctrica. Esta iniciativa se presenta como una acción preventiva ante la amenaza de un posible apagón debido al decrecimiento crítico del volumen de agua en los principales embalses del país.

A nivel nacional, la medida afectará principalmente a las instituciones educativas públicas y los funcionarios gubernamentales, quienes no tendrán actividades laborales. Además, se invita a las empresas privadas y a los ciudadanos en general a sumarse voluntariamente a este esfuerzo por conservar recursos esenciales. El decreto especifica que los servicios públicos esenciales como la policía, salud pública, y prevención de desastres continuarán operando normalmente.

En su declaración, el presidente Petro hizo un llamado a la conciencia ciudadana para hacer un uso más eficiente y consciente de los recursos hídricos y energéticos, enfatizando la importancia de esta medida no solo como una solución a corto plazo, sino como parte de una estrategia más amplia para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos que afectan a Colombia.

Las reacciones a este anuncio han sido variadas, con algunos sectores aplaudiendo la decisión como un paso necesario y otros cuestionando la efectividad de la medida sin un plan más robusto y a largo plazo para la gestión de recursos naturales.