La Procuraduría General de la Nación de Colombia decidió archivar la investigación que se llevaba a cabo contra Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en relación con el escándalo de los Centros Poblados. Esta conclusión se basa en la determinación de que Abudinen no cometió irregularidades durante su gestión.
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El caso gira en torno a un contrato de 1 billón de pesos adjudicado en 2020 a la Unión Temporal Centros Poblados para proporcionar internet a más de 15,000 escuelas rurales. Como parte del acuerdo, se entregaron 70,000 millones de pesos como anticipo, suma en la que las irregularidades identificadas posteriormente elevaron la atención pública y mediática hacia el caso.
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Entre los principales argumentos de la Procuraduría para cerrar la investigación se encuentra que Abudinen no tuvo ninguna participación en la supervisión del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, dado que no era la supervisora designada para el mismo. Además, se concluyó que no participó en la revisión y aprobación de la garantía bancaria presentada por la Unión Temporal, documento que resultó ser falso.
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La Procuraduría también destacó la rapidez con la que Abudinen actuó tras recibir alertas de incumplimientos. Solo transcurrieron dos meses desde que la interventoría informó sobre el incumplimiento hasta la declaración de caducidad del contrato. Además, se aclaró que la exministra no estuvo involucrada en la elaboración de los pliegos de condiciones, la recepción de ofertas ni en la adjudicación del contrato.
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La investigación fue iniciada en septiembre de 2021, después de denuncias sobre presuntas omisiones en el control del proceso de contratación. A pesar de las alertas sobre irregularidades, el MinTIC procedió con la adjudicación del contrato y el desembolso del anticipo.
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Las reacciones a la decisión no se hicieron esperar. Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, criticó fuertemente la determinación de la Procuraduría. "Se ignoraron pruebas de omisiones por parte de Abudinen y que esto podría sentar un precedente negativo para la responsabilidad de funcionarios públicos en casos de corrupción", expresó.
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El protagonista central del fraude señalado, Emilio Tapia, ha sido condenado previamente por corrupción, lo que añade una capa adicional de complejidad y seriedad al caso. Sin embargo, la conclusión oficial de que Karen Abudinen no cometió irregularidades marca el cierre de un capítulo importante en esta saga judicial. Emilio Tapia, el contratista involucrado en el escándalo de Centros Poblados, ya había sido condenado previamente por corrupción, lo que genera preguntas adicionales sobre los controles en los procesos de licitación y adjudicación de contratos gubernamentales.