El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 con el 51.2% de los votos, mientras que su principal oponente, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44.2%. La oposición denuncia irregularidades, alegando que González ganó con más de 6 millones de votos, basándose en el acceso a más del 73% de las actas de votación.
‍

Desde el anuncio de los resultados, el país se ha visto sumido en una ola de protestas. La ONG Foro Penal reporta que al menos 21 personas han muerto y más de 1,000 han sido detenidas durante las manifestaciones. Las autoridades confirman que 77 oficiales de seguridad resultaron heridos y un sargento de la Guardia Nacional fue asesinado.
‍

La reacción de las fuerzas de seguridad ha sido contundente, registrándose más de 700 arrestos. El fiscal general, Tarek William Saab, ha indicado que varios de los detenidos enfrentarán cargos de terrorismo. La oposición también denuncia la desaparición de líderes, incluido Freddy Superlano, cuya captura ha sido señalada como un secuestro.
‍

‍

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Diversos gobiernos latinoamericanos y organismos de la comunidad internacional han rechazado los resultados electorales y han pedido transparencia en el conteo de votos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha instado enfáticamente al gobierno venezolano a hacer públicos los resultados detallados para esclarecer la disputa electoral.
‍

En el contexto socioeconómico, Venezuela enfrenta una crisis grave con una inflación descontrolada y escasez de bienes esenciales. La crisis ha obligado a aproximadamente 8 millones de venezolanos a abandonar el país en busca de condiciones de vida mejores. Además, el país se ve afectado por sanciones internacionales y acusaciones de corrupción y mala gestión del gobierno de Maduro.
‍

‍

Las protestas, que se han expandido a lo largo de todo el país, han incluido bloqueos de carreteras y violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que han respondido con gas lacrimógeno y balas de goma. En Caracas, se han reportado disparos y la quema de estatuas de figuras emblemáticas del chavismo.
‍

Nicolás Maduro ha calificado las protestas como intentos de golpe de estado, afirmando que su gobierno está preparado para enfrentar lo que llama violencia provocada por fuerzas de extrema derecha. Maduro ha insistido en que su gobierno no permitirá que el país caiga en el caos y que mantendrá el orden a toda costa.
‍

Las elecciones han sido criticadas por la falta de transparencia. Se han recibido denuncias de la exclusión de los testigos de la oposición durante el conteo de votos y la restricción al acceso a la información. La Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales han cuestionado la legitimidad del proceso electoral, planteando dudas significativas sobre la validez del resultado.
‍

La crisis en Venezuela sigue desarrollándose con mucha tensión en el país, mientras la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos y exige una solución pacífica y transparente.