La detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, el pasado 19 de marzo de 2025, ha desencadenado una ola de protestas masivas en Turquía, consideradas las más significativas en más de una década. El arresto tuvo lugar el mismo día en que fue nombrado candidato presidencial por la oposición y fue acusado de corrupción, siendo enviado a una prisión de alta seguridad.

Desde el inicio de las manifestaciones, las cuales comenzaron en respuesta directa a su detención, se han producido 1,133 arrestos a lo largo de un período de cinco días. Estas detenciones se han concentrado principalmente en Estambul, aunque también se han extendido a otras ciudades importantes del país. Muchos de los detenidos han sido acusados de violar la prohibición de manifestaciones vigente, impuesta por las autoridades con el objetivo de prevenir congregaciones masivas.

Las fuerzas policiales han empleado métodos contundentes para dispersar a los manifestantes, incluyendo el uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y camiones de agua a presión. En uno de los episodios más tensos, en el barrio de Beşiktaş, estudiantes que protestaban pacíficamente fueron cercados por agentes antidisturbios y dispersados rápidamente.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, justificó las actuaciones policiales al señalar que ciertos grupos han "abusado del derecho a la reunión y la manifestación", y los acusó de intentar "perturbar el orden público y atacar a la policía". Sin embargo, estas declaraciones no han apaciguado las críticas provenientes de la oposición y de analistas políticos, quienes señalan que el arresto de İmamoğlu y la fuerte represión de las protestas tienen un carácter político destinado a silenciar voces disidentes.

Entre los detenidos, al menos diez son periodistas, incluidos fotógrafos, lo que ha desatado preocupaciones sobre la creciente represión a la libertad de prensa en Turquía. Según un informe de la Asociación de Estudios de Medios y Derecho, gran parte de los periodistas arrestados estaban cubriendo las protestas, lo que sugiere un intento deliberado de limitar la difusión de imágenes e información sobre los disturbios.

A estas medidas se suma la solicitud por parte del gobierno turco a la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, para bloquear más de 700 cuentas de periodistas, figuras políticas y estudiantes. Este movimiento ha sido ampliamente criticado como un intento de censura. De acuerdo con la empresa, estas solicitudes son percibidas como ilegales y perjudiciales para el discurso político en el país.

La crisis también ha repercutido en el ámbito económico. Informes estiman que el Banco Central de Turquía ha gastado alrededor de 25 mil millones de dólares en un esfuerzo por estabilizar la lira turca durante este periodo de convulsión. Las manifestaciones representan un reflejo del descontento generalizado con el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la economía y por las crecientes restricciones a las libertades civiles en los últimos años.

La detención del alcalde Ekrem İmamoğlu coincide con su nombramiento como candidato presidencial de la oposición, en lo que muchos analistas ven como un momento clave para la política turca.