Los estados de Indiana, Dakota del Norte, Oklahoma y Carolina del Sur han introducido estos nuevos proyectos de ley que redefinen el concepto de homicidio para incluir el aborto. Tradicionalmente, las prohibiciones de aborto han penalizado a los proveedores de servicios, no a las pacientes. Sin embargo, estas nuevas propuestas legislativas cambiarían radicalmente este enfoque.
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En Oklahoma, el proyecto de ley no solo elimina las protecciones legales que impedían el procesamiento de pacientes por aborto, sino que también prohíbe cualquier acción que “dirija, aconseje, anime o solicite” un aborto. Esta cláusula podría tener implicaciones significativas para los derechos de libre expresión, según advirtieron críticos de la medida.
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Aparte del redefinido concepto de homicidio, varios estados están presentando propuestas para restringir aún más el acceso a las píldoras abortivas, que actualmente representan más del 60% de los abortos en EE. UU. En Indiana, se han presentado tres proyectos de ley que prohíben el envío de estas píldoras a individuos dentro del estado, y uno de ellos también prohíbe su posesión. Propuestas similares se han presentado en Oklahoma y Tennessee. El proyecto de ley en Tennessee, en particular, incluye una cláusula que impone una responsabilidad económica de $5 millones si se utilizan las píldoras en un aborto.
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Las restricciones no se limitan al acceso a medicamentos. Idaho ha establecido un precedente al ser el primer estado en prohibir que se lleve a menores a través de las fronteras estatales para realizar un aborto sin el consentimiento parental. Legisladores en Mississippi, Missouri y Nueva Hampshire están considerando legislación análoga. Carolina del Sur propone eliminar el proceso conocido como “bypass judicial,” que permite a menores solicitar permiso judicial para abortar sin involucrar a sus padres.
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Por otro lado, en al menos seis estados se han introducido proyectos de ley este año para fortalecer el concepto de “persona fetal,” el cual otorga derechos legales a embriones y fetos. Si estas propuestas se implantan completamente, no solo prohibirían el aborto, sino que también podrían afectar otras áreas del derecho estadounidense, desde regulaciones de tráfico hasta impuestos.

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Según el grupo Pregnancy Justice, nunca antes se habían registrado tantos proyectos de ley sobre “homicidio” como en 2025. Este cambio en la estrategia legislativa marca una tendencia significativa en la lucha por los derechos reproductivos en los Estados Unidos.