El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene programada una visita a Mongolia el 3 de septiembre de 2024, marcando su primer viaje a un estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que la entidad emitiera una orden de arresto en su contra en marzo de 2023. La CPI acusa a Putin de ser responsable de crímenes de guerra, específicamente por no detener la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia desde febrero de 2022, al inicio del conflicto ruso-ucraniano.
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El gobierno ucraniano ha solicitado que Mongolia, al ser un estado signatario del Tratado de Roma de la CPI desde diciembre de 2000, cumpla con la orden de arresto y entregue a Putin a la sede de la CPI en La Haya. "Putin es un criminal de guerra y debe ser entregado a la CPI para enfrentar la justicia", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania.
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Sin embargo, un portavoz de la CPI explicó que la firma del Tratado de Roma no garantiza automáticamente la ejecución de arrestos. La CPI carece de una fuerza policial propia y depende de la cooperación voluntaria de los estados miembros para la ejecución de sus órdenes.
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Desde el Kremlin, Dmitry Peskov, portavoz oficial, aseguró que no existen preocupaciones sobre la visita de Putin a Mongolia. Peskov afirmó que todos los aspectos de la visita han sido minuciosamente preparados. Rusia, que no reconoce la jurisdicción de la CPI, ha tachado de "ridículas" las acusaciones contra Putin.
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La visita de Putin a Mongolia sirve para conmemorar el 85 aniversario de la histórica batalla que tuvo lugar durante la ocupación japonesa de Manchuria, en la que fuerzas japonesas se enfrentaron a tropas soviéticas y mongolas.
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La CPI ha emitido un total de 49 órdenes de arresto desde su creación, de las cuales solo 21 han culminado en detenciones y posteriores comparecencias ante el tribunal. En casos anteriores, algunos líderes globales, como el ex presidente sudanés Omar al-Bashir, han podido viajar a estados miembros sin enfrentar detenciones.
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Este evento se da en un contexto de tensiones internacionales crecientes y retos legales continuados para Putin, quien ha limitado significativamente sus viajes al extranjero desde el inicio de la invasión de Ucrania. Mongolia es uno de los primeros países en Asia en unirse al Tratado de Roma de la CPI, firmado en diciembre de 2000, lo que la obliga a cooperar con el tribunal en La Haya.