En enero de 2014, Erika Vargas Castillo, una joven indígena de la comunidad Carapana en Mitú, Vaupés, fue contactada para trabajar en labores domésticas en Bogotá. Claudia Maritza Castiblanco Parra prometió a Erika un salario mensual de 250.000 pesos, menos de la mitad del salario mínimo vigente en ese momento. Sin embargo, la realidad laboral que enfrentó fue muy distinta a la prometida.

Erika fue sometida a condiciones de trabajo extenuantes, comenzando sus jornadas a las 6:00 de la mañana y finalizando a las 10:00 de la noche, sin recibir ningún tipo de remuneración. Embarazada en ese momento, Erika, además, fue forzada a vivir en condiciones de esclavitud moderna y se le prohibió todo contacto con su familia y otras personas.

A pesar de las severas condiciones y la falta de comunicación con el exterior, Erika logró escapar y denunciar los hechos en 2014. La denuncia llevó a la captura y juicio de Castiblanco Parra, quien fue declarada culpable en 2018 por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.