La reforma al sistema de salud de los maestros en Colombia, lanzada el 1 de abril de 2024, se planteó inicialmente como una solución integral para mejorar la atención médica de cerca de 820,000 profesores y sus familias, acogidos al régimen especial de salud del magisterio. Sin embargo, la ejecución de este ambicioso proyecto resultó en un profundo colapso del sistema, agravado por problemas administrativos, corrupción y una mala planificación.
El esquema reformado eliminó a los 10 operadores regionales que gestionaban los recursos de la salud y transfirió la operación a la Fiduprevisora, una entidad estatal con experiencia limitada en administración de sistemas de atención médica. La falta de preparación de esta entidad generó una crisis inmediata: miles de pacientes no pudieron acceder a servicios esenciales como cirugías, consultas y medicamentos, enfrentándose a restricciones de servicios debido al impago de las deudas con los centros médicos y a la insuficiencia de insumos básicos.
Esta crisis administrativa quedó evidenciada en el registro de 46,061 quejas presentadas en 2024, cifra que, aun mostrando un leve descenso respecto a las 46,359 del año anterior, refleja un aumento preocupante frente a los 42,339 reclamos registrados en 2022 y los 35,945 de 2021. En términos de proporción, el régimen especial de los maestros presentó un 70% más de quejas que el sistema general de salud del país, alcanzando una tasa de reclamos de 562 por cada 10,000 afiliados, comparada con los 334 en el sistema de salud nacional.
El problema se agravó debido a la ausencia de sistemas de control y manuales tarifarios que permitieran un funcionamiento adecuado. Se denunciaron acuerdos informales con clínicas y hospitales, lo que generó sobrecostos y la proliferación de irregularidades. En 2024, el Fondo del Magisterio (Fomag) reportó un aumento del 75% en sus gastos, sin una justificación clara ni mejoras visibles en los servicios de salud.
A estos problemas administrativos se sumaron denuncias de corrupción. Según informes, altos funcionarios de la Fiduprevisora, algunos vinculados al Partido de La U, habrían pactado liquidaciones millonarias con los antiguos operadores del sistema. El propio presidente Petro apuntó al exdirector de la Fiduprevisora, John Mauricio Marín, como uno de los principales responsables de la crisis y de las irregularidades detectadas.
Mientras tanto, los sindicatos de maestros organizaron varias denuncias públicas para visibilizar la problemática. Criticaron la continuidad de contratos con los mismos operadores que provocaron las fallas originales en el sistema y señalaron que no se implementaron cambios reales en las estructuras que favorecen la corrupción. Ante esta presión, Aldo Cadena, recientemente nombrado como vicepresidente de la Fiduprevisora, anunció acciones como la reactivación de pagos de viáticos a los maestros y la contratación de nuevos proveedores, asegurando que estos pasos serían "ordenados y transparentes".
En respuesta a la situación, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) exigió a las autoridades una investigación exhaustiva sobre los casos de corrupción y posibles sabotajes denunciados contra el sistema. El sindicato no solo responsabilizó a las gestiones gubernamentales de Petro, sino que manifestó que la reforma, en su forma actual, no brinda esperanza de un cambio estructural ni resuelve los problemas históricos del sistema.
A pesar de las declaraciones y anuncios de ajustes, el panorama sigue siendo sombrío para miles de maestros y sus familias que aún esperan soluciones efectivas. La crisis del sistema de salud del magisterio se erige como un claro ejemplo de cómo una falta de planeación y controles transparentes puede afectar gravemente a una población vulnerable dependiente del servicio público.
El régimen especial de salud de los maestros colombianos cuenta con una de las tasas más altas de quejas en el país en comparación con el sistema general, lo cual destaca la vulnerabilidad del sector educativo frente a fallas administrativas y estructurales.