Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha regresado a Colombia tras cumplir una condena de 15 años en Estados Unidos por tráfico de drogas. Su retorno ha generado una mezcla de expectativas y preocupaciones, dada su historia como uno de los líderes paramilitares más notorios del país. Mancuso ha sido señalado por una serie de crímenes que incluyen actos de terrorismo, homicidios, torturas, secuestros, masacres, y desplazamientos forzados, entre otros. Ahora, enfrenta la justicia colombiana bajo un complejo entramado jurídico que incluye los tribunales de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde su desmovilización en 2004, Mancuso ha sido una figura polémica, revelando conexiones entre paramilitares, políticos, y empresarios, y contribuyendo a la verdad del conflicto armado en Colombia. Su extradición a Estados Unidos en 2008, bajo la administración de Álvaro Uribe, fue vista por muchos como un intento de silenciarlo, mientras que otros la consideraron una medida necesaria contra un criminal que seguía operando desde prisión.

El papel de Mancuso en el conflicto armado y su contribución a la verdad han sido reconocidos por diversas entidades, incluida la Comisión de la Verdad, que ha documentado el impacto de las Convivir y las AUC en el conflicto colombiano. Mancuso ha admitido su responsabilidad en numerosos crímenes y ha señalado la complicidad de sectores del Estado y la economía en las acciones paramilitares.

Ahora, designado como gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, Mancuso enfrenta el desafío de contribuir a una paz total en Colombia. Su regreso ha reavivado el debate sobre la justicia transicional, la reparación a las víctimas, y la necesidad de una paz duradera en el país. Mientras algunos ven en él una figura clave para alcanzar la reconciliación, otros cuestionan si su papel como gestor de paz podrá superar las sombras de su pasado.