La Secretaría de Transparencia del Gobierno de Gustavo Petro ha emitido una solicitud al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que justifique la adjudicación de contratos directos que totalizan $68,893,368,552. Dicha solicitud, enviada el 16 de agosto de 2024, subraya la ausencia de documentación que respalde el uso de esta modalidad contractual, que, según se alega, contraviene los procedimientos de licitación pública establecidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
‍

En el oficio enviado, se han identificado al menos 12 contratos con diversas entidades como la Universidad Ces, la Fundación Pascual Bravo y el Instituto Psicopedagógico de Colombia. Estos contratos están enfocados en áreas como la prevención de violencia, atención a adolescentes, conservación de cuencas y atención integral a la primera infancia.
‍

‍

Entre las observaciones más críticas, la Secretaría de Transparencia resalta la falta de justificaciones adecuadas para la selección directa, incluyendo la ausencia de un certificado que demuestre la inexistencia de personal de planta capacitado para llevar a cabo las tareas contratadas. Asimismo, se cuestiona la posible carencia de cumplimiento de los requisitos legales para suscribir contratos con personas jurídicas y la falta de especificación de las exigencias profesionales e intelectuales en los contratos, lo cual arroja dudas sobre la transparencia y legalidad del procedimiento.
‍

Esta solicitud se inscribe en un contexto de tensiones políticas entre el alcalde Gutiérrez y el presidente Petro, con temas adicionales de fricción como la venta de UNE y el nombramiento de Jorge Carrillo en ISA. La situación ha generado reacciones en redes sociales, donde el exalcalde Daniel Quintero ha criticado la falta de claridad en el proceso de contratación.
‍

La Secretaría de Transparencia ha solicitado a Gutiérrez que aporte toda la documentación requerida para clarificar la situación y asegurar el cumplimiento de los mecanismos de selección establecidos por la ley. La preocupación radica en la posible evasión de estos mecanismos y en la gestión de recursos públicos sin la debida transparencia y legalidad, aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento de la administración pública. El mecanismo de contratación directa, aunque permitido excepcionalmente por la Ley, suele ser objeto de escrutinio intenso debido a los riesgos inherentes de corrupción y mal manejo de fondos públicos.