El 21 de mayo de 2025, el Senado de Brasil dio luz verde a un polémico proyecto conocido como “proyecto de ley de devastación”, que dispone una profunda revisión de la legislación ambiental del país. El texto, aprobado con 54 votos a favor y 13 en contra, facilita la tramitación de licencias ambientales para actividades económicas como minería, infraestructura, energía y agricultura, permitiendo que muchos permisos se obtengan con escasa o nula supervisión regulatoria.
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Entre los principales cambios se incluyen el otorgamiento de permisos mediante auto-declaraciones de las empresas interesadas y la reducción drástica de los requerimientos regulatorios, incluso para proyectos de alto impacto. La mayoría de los trámites serán automáticamente aprobados, quedando exentos de estudios de impacto ambiental. Estos mecanismos impulsarían el desarrollo económico a costa de controles ambientales rigurosos.
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La organización Instituto Socioambiental (ISA) estima que la normativa amenaza de manera directa más de 3,000 áreas protegidas en todo Brasil, incluidas tierras habitadas por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes (quilombolas). Asimismo, la aprobación podría poner en peligro 18 millones de hectáreas de bosque —44.5 millones de acres— y derivar en una aceleración significativa de la destrucción ambiental y de los conflictos rurales.
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El avance legislativo se produce cuando Brasil intenta posicionarse en la agenda global contra el cambio climático, pese a que la comunidad científica y ambiental señala que esta reforma contradice los compromisos asumidos para eliminar la deforestación hacia 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2050.
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En el último año, Brasil había reportado una reducción del 32% en la deforestación, y en el primer trimestre de 2025, los incendios forestales destruyeron 912,900 hectáreas, una merma del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de MapBiomas. Sin embargo, se advierte que la entrada en vigor de este proyecto podría revertir esa tendencia y minar los esfuerzos recientes.
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La medida ha generado una fuerte controversia dentro del gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Si bien la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, calificó la decisión como un retroceso grave, otros integrantes argumentan que el cambio permitirá atraer inversiones estratégicas al país.
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La votación se produce a pocos meses de la Conferencia de las Partes (COP30), prevista para noviembre de 2025 en la Amazonía, aumentando el escrutinio internacional sobre la política ambiental brasileña y sus compromisos climáticos.