El 14 de mayo de 2025, el Senado de Colombia votó en contra de la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro, que incluía 12 preguntas dirigidas a los ciudadanos sobre la reforma laboral. El resultado de la sesión, que contó con la presencia de 94 senadores, culminó con 49 votos en contra y 45 a favor de la iniciativa del gobierno nacional.
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La propuesta de consulta tuvo como objetivo brindar a la ciudadanía la posibilidad de pronunciarse sobre aspectos clave para la reforma laboral, entre los que se incluían el incremento de recargos nocturnos y dominicales, la ampliación de licencias laborales y mejoras en las condiciones de contratación. Sin embargo, la oposición política, encabezada por el Centro Democrático y respaldada por otros partidos, sostuvo que el Ejecutivo ya contaba con los mecanismos necesarios para modificar la legislación laboral sin acudir a un referéndum y consideró innecesaria la consulta.
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La votación estuvo marcada por episodios de fuerte tensión y discusiones entre los senadores. Durante la sesión, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tuvo que salir escoltado por efectivos de la policía al registrarse enfrentamientos verbales y señalamientos por parte de legisladores del Pacto Histórico y miembros de la oposición. Hubo confusión en torno al conteo de votos y la claridad del procedimiento, lo que llevó a denuncias públicas formuladas por integrantes del gobierno.
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Tras el rechazo de la consulta, Gustavo Petro señaló irregularidades y acusó a Efraín Cepeda de "manipular" la votación al cerrar el registro de votos cuando presuntamente existía una mayoría a favor de la consulta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó el proceso como "fraudulento" argumentando que no se garantizó la transparencia. En respuesta a esta serie de acontecimientos, el mandatario convocó a movilizaciones de trabajadores para exigir un avance en la agenda laboral del gobierno.
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El rechazo en el Senado constituye una de las derrotas parlamentarias más significativas para el gobierno Petro en la actual legislatura y deja en el limbo la posibilidad de reactivar la reforma laboral, la cual ya había sido hundida previamente en la Comisión Séptima del Senado. Con 49 senadores oponiéndose frente a 45 que votaron a favor, la postura de la oposición se mantuvo firme, solicitando al Ejecutivo la búsqueda de alternativas en la implementación de sus propuestas sin recurrir a mecanismos de consulta popular.
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Ante este panorama legislativo adverso, el futuro de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo queda incierto y depende de la capacidad del gobierno para encontrar nuevas vías que permitan su discusión y posible aprobación en el Congreso.