El 27 de marzo de 2025, los senadores Roger Wicker, republicano, y Jack Reed, demócrata, en calidad de líderes del Comité de Servicios Armados del Senado, enviaron una carta conjunta al inspector general interino del Departamento de Defensa, Steven Stebbins. En ella, solicitaron una investigación sobre el presunto uso indebido de la aplicación de mensajería encriptada Signal por parte de funcionarios de la administración de Donald Trump. La preocupación principal radica en la inclusión de Jeffrey Goldberg, periodista y editor en jefe de The Atlantic, en un chat grupal de Signal que contenía información sensible sobre ataques aéreos en Yemen.
La carta menciona que el 11 de marzo de 2025, Goldberg fue añadido a un grupo de Signal que incluía a miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Según el documento, en dicho grupo se discutieron detalles operativos calificados como sensibles y posiblemente clasificados en relación a acciones militares en Yemen. Este incidente ha desatado una polémica en torno al uso de redes no oficiales y no clasificadas para compartir información gubernamental crítica, además de la posible negligencia al involucrar a personas no autorizadas en estos temas.
Los senadores Wicker y Reed exigen al inspector general una investigación detallada que aborde las circunstancias del caso, un resumen de las políticas vigentes en el Pentágono sobre violaciones de seguridad y recomendaciones para evitar incidentes similares en el futuro.
En respuesta a estas acusaciones, tanto el asesor de seguridad nacional Mike Waltz como el secretario de Defensa Pete Hegseth han negado que haya habido alguna irregularidad o que se haya comprometido información clasificada. Ambos funcionarios, además, han señalado a Goldberg y The Atlantic como responsables de inflar la polémica. Donald Trump, por su parte, no ha dado señales de que consideraría el despido de los funcionarios mencionados en el escándalo.
El juez federal James Boasberg dictó una orden en relación con este caso, exigiendo que se preserven los mensajes intercambiados en el chat grupal entre el 11 y el 15 de marzo de 2025. Este fallo asegura que parte de la información será revisada como parte del escrutinio judicial.
Sin embargo, la controversia no se limita al ámbito judicial. Varios senadores demócratas, incluyendo a Mark Kelly, han manifestado una fuerte crítica a la filtración, calificándola como imprudente y peligrosa para los pilotos involucrados en las operaciones. Kelly ha solicitado la renuncia de Pete Hegseth como secretario de Defensa. Mientras tanto, la administración Trump ha reiterado que no se comprometió información clasificada, pero, hasta el momento, no se ha presentado evidencia formal que sustente esta declaración.
El episodio ha avivado un debate más amplio sobre la seguridad y la transparencia en el manejo de datos sensibles dentro del gobierno federal. Por otro lado, el interés generado por la controversia también ha impulsado significativamente las descargas de la aplicación Signal, destacando la atención pública hacia su seguridad y utilización en ambientes de alto nivel.
Este caso, que combina asuntos de seguridad nacional y la complejidad de las herramientas tecnológicas, representa una prueba crucial para los controles internos del gobierno federal. Los resultados de la investigación del inspector general podrían tener implicaciones significativas sobre cómo se gestionan las violaciones de seguridad en el futuro.
El 27 de marzo de 2025, los senadores Roger Wicker, republicano, y Jack Reed, demócrata, en calidad de líderes del Comité de Servicios Armados del Senado, enviaron una carta conjunta al inspector general interino del Departamento de Defensa, Steven Stebbins. En ella, solicitaron una investigación sobre el presunto uso indebido de la aplicación de mensajería encriptada Signal por parte de funcionarios de la administración de Donald Trump. La preocupación principal radica en la inclusión de Jeffrey Goldberg, periodista y editor en jefe de The Atlantic, en un chat grupal de Signal que contenía información sensible sobre ataques aéreos en Yemen.
La carta menciona que el 11 de marzo de 2025, Goldberg fue añadido a un grupo de Signal que incluía a miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Según el documento, en dicho grupo se discutieron detalles operativos calificados como sensibles y posiblemente clasificados en relación a acciones militares en Yemen. Este incidente ha desatado una polémica en torno al uso de redes no oficiales y no clasificadas para compartir información gubernamental crítica, además de la posible negligencia al involucrar a personas no autorizadas en estos temas.
Los senadores Wicker y Reed exigen al inspector general una investigación detallada que aborde las circunstancias del caso, un resumen de las políticas vigentes en el Pentágono sobre violaciones de seguridad y recomendaciones para evitar incidentes similares en el futuro.
En respuesta a estas acusaciones, tanto el asesor de seguridad nacional Mike Waltz como el secretario de Defensa Pete Hegseth han negado que haya habido alguna irregularidad o que se haya comprometido información clasificada. Ambos funcionarios, además, han señalado a Goldberg y The Atlantic como responsables de inflar la polémica. Donald Trump, por su parte, no ha dado señales de que consideraría el despido de los funcionarios mencionados en el escándalo.
El juez federal James Boasberg dictó una orden en relación con este caso, exigiendo que se preserven los mensajes intercambiados en el chat grupal entre el 11 y el 15 de marzo de 2025. Este fallo asegura que parte de la información será revisada como parte del escrutinio judicial.
Sin embargo, la controversia no se limita al ámbito judicial. Varios senadores demócratas, incluyendo a Mark Kelly, han manifestado una fuerte crítica a la filtración, calificándola como imprudente y peligrosa para los pilotos involucrados en las operaciones. Kelly ha solicitado la renuncia de Pete Hegseth como secretario de Defensa. Mientras tanto, la administración Trump ha reiterado que no se comprometió información clasificada, pero, hasta el momento, no se ha presentado evidencia formal que sustente esta declaración.
El episodio ha avivado un debate más amplio sobre la seguridad y la transparencia en el manejo de datos sensibles dentro del gobierno federal. Por otro lado, el interés generado por la controversia también ha impulsado significativamente las descargas de la aplicación Signal, destacando la atención pública hacia su seguridad y utilización en ambientes de alto nivel.
Este caso, que combina asuntos de seguridad nacional y la complejidad de las herramientas tecnológicas, representa una prueba crucial para los controles internos del gobierno federal. Los resultados de la investigación del inspector general podrían tener implicaciones significativas sobre cómo se gestionan las violaciones de seguridad en el futuro.