El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó este 29 de abril de 2025 a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a 5 años, 8 meses y 1 día de prisión como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de autor y peculado por apropiación agravado en calidad de coautor impropio.
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La sentencia incluye una sanción económica que obliga a Pinilla a pagar una multa correspondiente a 3.550 salarios mínimos mensuales vigentes y la devolución de 618 millones de pesos colombianos, suma de la que se apropió de manera ilícita.
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El proceso se enmarca en un escándalo de corrupción relacionado con el desvío de fondos públicos destinados a la atención de situaciones de desastre y calamidad pública. El caso investigado por la Fiscalía revela el desvío de al menos 46.800 millones de pesos, aproximadamente 12 millones de dólares, originalmente asignados para la adquisición de 40 carrotanques que nunca llegaron a su destino.
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En el desarrollo del juicio, Pinilla admitió haber entregado 3.000 millones de pesos (cerca de 770.000 dólares) al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos (alrededor de 260.000 dólares) al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de reformas propuestas por el gobierno.
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Pinilla accedió a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que le otorgó un descuento del 45% sobre la condena impuesta, en reconocimiento a la información aportada respecto a otros implicados en la estructura delictiva. La juez a cargo del caso negó la solicitud de prisión domiciliaria, argumentando que los delitos cometidos por Pinilla no reunían los requisitos legales para tal beneficio. No obstante, debido a amenazas documentadas contra su integridad física, se dispuso que la condena sea cumplida en una instalación militar.
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La condena convierte a Pinilla en el primer funcionario sentenciado por el escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro. Las investigaciones sobre el desvío de recursos continúan y tienen bajo la lupa a otros funcionarios, incluido Olmedo López, exdirector de la UNGRD, actualmente colaborador de la justicia tras aceptar cargos, así como a exministros y legisladores presuntamente involucrados.
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Este fallo judicial sienta un precedente dentro de la lucha contra la corrupción en el sector público colombiano y responde a los señalamientos sobre el manejo irregular de fondos dedicados a la gestión del riesgo y la atención de desastres, recursos cuya apropiación indebida generó graves afectaciones sociales y operativas.