Los gobiernos de todo el mundo destinan anualmente cientos de miles de millones de dólares en subsidios al sector de los combustibles fósiles, a pesar de ser los principales responsables de la crisis climática. Esta situación ha llevado al planeta a un estado excepcional, donde la eliminación de dichos subsidios se ha convertido en una demanda clave en la lucha contra el cambio climático. La conferencia climática de la ONU en Glasgow en 2021 incluyó un llamado a eliminar gradualmente la ayuda pública ineficiente al sector de los combustibles fósiles, pero este llamado no se ha traducido en compromisos concretos en los planes de acción climática nacionales.
Un informe reciente de la ONU examina los planes de los 194 países firmantes del Acuerdo de París. Aunque la mayoría se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y promover energías renovables, solo un 4% incluye referencias directas a la eliminación gradual de la ayuda pública para los combustibles fósiles. Este porcentaje no representa ni siquiera el 4% del total de la ayuda pública anual mundial al sector del petróleo, gas o carbón. Además, el informe no menciona qué naciones han asumido este compromiso, destacando la ausencia de esta política en los planes climáticos de las principales potencias emisoras de gases de efecto invernadero, como China, Estados Unidos e India.
La cuantificación del total de la ayuda hacia la producción y consumo de combustibles es compleja. En 2021, se destinaron 732 mil millones de dólares de dinero público en las 82 economías más grandes del mundo directamente a este sector, según datos de la OCDE. Sin embargo, el FMI reporta que la ayuda pública al sector de los combustibles fósiles alcanzó los 7 billones de dólares en 2022, incluyendo una gran cantidad de dinero público tomado indirectamente por este sector. Por ejemplo, el informe incluye ciertos gastos de atención médica incurridos por los estados debido a problemas de salud causados por los combustibles fósiles. Ambos informes concluyen que esta ayuda es sustancial y, lejos de reducirse, ha aumentado significativamente desde 2020.